El informe de la Universidad George Washington sobre las muertes relacionadas al huracán María establece que para lograr una confiable vigilancia y tratamiento de la mortalidad relacionada a desastres naturales, debe ser el Departamento de Salud y no el Departamento de Seguridad Pública el que debe tener el liderato en la respuesta a este tipo de desastre.

De igual manera, dice que se debe establecer de antemano una política pública fija para el manejo de este tipo de situaciones, algo inexistente hasta ahora.

Dichas recomendaciones tienen el propósito de establecer la magnitud del impacto del desastre, identificar áreas y grupos de alto riesgo, monitorear el desempeño de la prevención y protección de la salud e informar la implementación de la política pública.

Estas son algunas de las recomendaciones más importantes sugeridas por el informe:

Desarrollar una política federal y local para el enfrentamiento y respuesta a un desastre natural.

Establecer un claro liderato del Departamento de Salud en la vigilancia de la mortandad y en la capacidad de organizar un equipo medico para la certificación de las muertes.

Asegurar un personal profesional y estable para el Registro Demográfico y el Negociado de Ciencias Forenses.

Revisar el marco legal de la responsabilidad del Departamento de Salud en cuanto a las instalaciones físicas y garantía de medicos para certificaciones de muertes.

Asegurar el presupuesto necesario y la infraestructura confiable con el apoyo del gobierno federal.

Establecer un programa de entrenamiento y mejoramiento para los medicos en certificación de muertes.

Implementar el uso de algún tipo de análisis de las causas específicas de mortalidad para establecer rutas e identificar áreas de prioridad futuras.

La Administración Rosselló Nevares contrató a la Universidad George Washington para que realizara un estudio externo sobre las muertes ocasionadas en Puerto Rico a raíz del huracán María debido a la poca credibilidad que mostró el Departamento de Seguridad Pública en el conteo oficial de muertes.

A finales de junio, el contrato entre la universidad y la Administración Rosselló fue enmendado para extender su vigencia hasta el 18 de septiembre, por lo que el informe final sobre las muertes ocasionadas por el huracán se daría a conocer a días del primer aniversario del evento catastrófico, que tambien provocó el colapso de la red de energía electrica y que dejó al Gobierno sin infraestructura operacional.