Exprincipal Oficial de Informática del gobierno publica libro con plan de trabajo para ahorrar y ser más eficientes en los servicios públicos digitales.

Un sistema diseñado simplemente para mover datos de un lado a otros sin haberse detenido a pensar cómo es que el ciudadano quiere el servicio para poder diseñarlo con el ciudadano como prioridad. El sistema colapsa y la agencia tiene que pagar más dinero de los contribuyentes para ponerle una curita que solo mantendrá el problema disimulado hasta la próxima crisis. Al final, al contribuyente, a todos nosotros, se nos van millones de dólares sin que esa inversión se note. En ese ciclo vicioso, hay gente ganando, pero esa gente no son los contribuyentes.

Esta descripción encapsula lo que vivieron cientos de miles de ciudadanos que el 3 de noviembre pasado intentaron acceder a la página de resultados electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la encontraron colapsada durante horas. Un tiempo en el que se comenzó a esparcir la todavía no del todo aclarada neblina que rodea ese ejercicio electoral.

Pero, si lo lee atentamente, además de ser una descripción de lo que ocurrió el día de las elecciones generales, puede ser una descripción aplicable a casi cualquier acto de ejecución de un servicio público por parte del gobierno. Las buenas ejecuciones, como la aplicación de CESCO Digital o el nuevo Registro de la Propiedad, se pueden contar con los dedos de la mano y son más raras que el tránsito de Venus, las demás son un ramillete de frustración y desperdicio del escaso dinero público.

Gincarlo González Ascar miró de cerca los problemas que tiene el gobierno para desarrollar soluciones efectivas para los ciudadanos cuando sirvió como Principal Oficial de Informática del Gobierno de Puerto Rico entre 2013 al 2015. Y ahora publicó un libro que, aunque limita su enfoque al área de tecnología y digitalización, realmente diagnostica una forma de actuar a nivel de todo el aparato de gobierno que, si no se cambia, nos dejará lapachando en el mismo charco no importa quién gobierne.

El libro “De la intención a la acción: Un plan para la digitalización de Puerto Rico” es un trabajo pragmático que sirve de referencia para la formulación y ejecución de política pública gubernamental en el área digital con impacto potencial en todos los servicios ciudadanos. Es ingeniosamente interactivo y tiene recomendaciones aplicables de inmediato basadas en ejemplos reales. Es lectura obligada para todo el que fue electo en las elecciones del 3 de noviembre pasado y tenga la intención de realmente mover a Puerto Rico, aunque sea un poquito, a la modernidad sin repetir los errores del pasado.

Principal entre esos errores está “pensar que todo esto se resuelve contratando firmas de tecnología”, según lo definió el autor en entrevista con NotiCel.

Hay unos $150 millones anuales que el gobierno gasta en tecnología y que va principalmente a contratos de consultoría y pago de licencias sin responder a un plan maestro de cuáles son las soluciones que se quieren lograr para el ciudadano. Es por eso que la oferta tecnológica del gobierno al ciudadano ha cambiado poco en los últimos 30 años, a pesar de que, al día de hoy, ya desde los teléfonos celulares se puede monitorear hasta cada paso sigue una pizza antes de llegar a la puerta de nuestras casas. O, más urgente en estos días, es por eso que los maletines con votos se pierden dentro del espacio de un coliseo a pesar de que los paquetes que enviamos por correo se pueden rastrear no importa el lugar del mundo por donde estén.

“Ninguna de las acciones que se toman son user-centric (enfocadas en el ciudadano) y se refleja en los resultados que tenemos”, indicó el exfuncionario. En el libro, González Ascar presenta cómo el vergonzoso debut del portal del llamado Obamacare, Healthcare.gov, fue una alarma en el gobierno federal para que se fortaleciera la capacidad tecnológica dentro de las agencias y no volviera a ocurrir que “todas las promesas de requisitos y funcionalidad se trabajaron entre políticos e influenciadores de política pública, entre cabilderos y legisladores, entre burócratas y abogados”. El sucesor de González Ascar en el puesto, Luis Arocho, aparece citado en el libro describiendo algo muy parecido en Puerto Rico. “[E]n el camino descubrí que lamentablemente la tecnología en las agencias no la controlan las agencias, la controlan los contratistas y los consultores que le dan servicios a las agencias”, dijo sobre su experiencia, que incluyó que Microsoft saboteara su rol como autoridad tecnológica en el gobierno para lograr que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares los pusiera a negociar la renovación de su contrato con otras personas que nunca contaron con Arocho para la renegociación del contrato. La Junta de Control Fiscal (JCF) recientemente resaltó ese contrato como un problema para cumplir con el Plan Fiscal porque sus costos está “saliéndose se control”.

Recomendaciones para los nuevos funcionarios

Como una guía a los funcionarios electos, o reelectos, planteamos preguntas puntuales a González Ascar sobre el manejo de la tecnología en el gobierno.

¿Qué es lo primero que hay que tomar por los cuernos en cuanto a tecnología?

Reclutar el talento que no saben que necesitan. Hay programadores cívicos que ya (el presidente electo) Joe Biden está reclutando. Que cada servidor público que entre tome un curso de política pública digital (Teaching Public Service in the Digital Age) y que la legislatura cree una Comisión Digital porque ninguna legislación va a funcionar si no tienes personas capacitadas diseñándola, como pasó (este cuatrienio) con el sistema de permisos. (En el libro se desglosan las 50 plazas, y sus salarios, que debe tener el equipo de tecnología del gobierno para cambiar la forma en que se ha gastado el presupuesto hasta ahora).

¿Cuál es el hilo que más problemas desenreda si se tira de él?

Hay que seguir escalando sobre los sistemas que generan el mayor uso actualmente y que tienen éxito. En el CESCO Digital sería cómo esa base de usuarios se lleva a otros servicios. La otra buena es SURI (del Departamento de Hacienda). Todos los usuarios que radican planillas están en SURI, ¿por qué SURI no te puede autenticar (como usuario) para otro servicios? Karibe (el sistema del Registro de la Propiedad), el Registro Criminal Integrado, Renovaciones Online, seguir expandiendo en los programas más funcionales.

¿Cuál es el error que no se puede repetir?

No pueden pensar que todo esto se resuelve contratando firmas de tecnología. Si es esencial a la misión, constrúyelo. El gobierno tiene que tener capacidad institucional para manejar los sistemas y de ahí trabajar con el sector privado. Estonia es el país más digitalizado del mundo y gasta $5 millones en licencias, aquí gastamos más de $30 millones en licencia. El contrato de Microsoft vence en 2022, (el gobierno) tiene que tener gente con pericia para retar el estado actual. El mejor logro de esta administración es CESCO Digital y fue una corporación local, pequeña, tiene cero uso de licencias de Microsoft y es el mejor logro.

En la reforma de compras no hay nada específico para tecnología y la Junta ha hecho recomendaciones sobre eso, ¿qué se debe mejorar?

Los métodos actuales de compra del gobierno no se pueden mantener. Hay que break down (romper en pedazos) lo que se compra para ver resultados. La compra de tecnología debe poder validar qué fue lo se entregó (como producto) y seguir escalando sobre eso. Debe permitir que los proyectos comiencen pequeños y crezcan, según la necesidad.

El problema Microsoft

La forma en que el Gobierno de Puerto Rico ha interactuado con el gigante tecnológico Microsoft ha sido tema a lo largo de múltiples administraciones y cada año que pasa ese control se presenta más y más como la bola de hierro que no permite que la tecnología avance en el sector público como ha cambiado en el resto del mundo, en el que Microsoft no es la única ni la primera opción para soluciones.

Para mencionar solo el ejemplo más reciente, la Universidad de Puerto Rico movió todos sus servicios digitales para estudiantes y profesores del sistema Google al de Microsoft, sin que nadie lo pidiera y con resultados que incluyen aumento millonario de costos y una transición caótica con pérdida de datos, contactos y funcionalidad para los usuarios. La postura de Microsoft ha sido la misma hace años, que los gobiernos deben darle consideración porque aportan a la economía con una planta en Puerto Rico. La realidad es que la planta de Puerto Rico le permite a esa empresa minimizar el pago de contribuciones de una manera que está bajo investigación del gobierno federal.

Para González Ascar, la relación del gobierno con esa empresa debe cambiar porque “simplemente ya llegó la hora de que el gobierno sea custodio de las decisiones tecnológicas que quieren tomar sin estar atados a que les tuerzan el brazo”. “Microsoft no puede dictar la política pública de Puerto Rico, la tiene que dictar el gobierno con base en lo que necesitan los ciudadanos”, argumentó.

La recuperación también trae fondos para teconología

Los cambios de política pública en el área de tecnología, como pasa en otras áreas también, se vuelven más cruciales por la cantidad de fondos federales de recuperación que van a esta área. Según explica González Ascar en el libro, hay al menos $700 millones asignados a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), la agencia creada este cuatrienio para centralizar la política pública de tecnología en el gobierno, y otros $500 millones en los que PRITS tiene autoridad secundaria.

Eso ocurre a la par con una inversión de $400 millones que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está inyectando en el sector privado para que empresas de telecomunicaciones aumenten la conectividad a la internet en todo Puerto Rico.

El exfuncionario recomendó al gobernador electo, Pedro Pierluisi, prestarle atención a “cómo capacitar a PRITS para manejar eso efectivamente” y que la distribución de los fondos no acabe produciendo, como hasta ahora, “monstruos de siete cabezas que tardan años y no se ve nada”.

Otra área para la que hay fondos federales, porque se considera una materia de seguridad nacional, es para la ciberseguridad. El libro relata cómo, de una manera que no deja de sorprender, Arocho consiguió alinear los fondos y programas federales necesarios para que las agencias recibieran inversión para mejorar su seguridad tecnológica y solo una se apuntó para hacerlo. Esto, a pesar de un cuatrienio que comenzó con un “hackeo” a Hacienda que costó $20 millones y que continuó con esquemas para lograr transferencias millonarias de parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“La seguridad está por el piso, tiene que ser prioridad en PRITS tener un equipo de seguridad”, subrayó González Ascar.

Tener capacidad institucional en el gobierno para desarrollar y ejecutar eficientemente política pública de tecnología es también un asunto de desarrollo económico, recordó el exfuncionario. Tras el paso del huracán María se han multiplicado las personas y organizaciones que están dispuestas a financiar empresas puertorriqueñas y las orientadas a tecnología siguen siendo el atractivo principal para estos inversionistas sofisticados.

Pero “el gobierno nuestro es un impedimento en muchos casos” planteó González Ascar al apuntar a que otros gobiernos han convertido en prioridad el dar acceso de sus datos a programadores del sector privado que no solamente pueden usar los datos para construir soluciones de bajo costo para el propio gobierno, sino que pueden usarlos como la base de nueva actividad económica. Por ejemplo, la tecnología GPS que se usa en los celulares y que es la base de empresas como Uber y otras, es tecnología del gobierno hecha pública para el uso de programadores. Pero, en Puerto Rico, por dar un caso, se impidó una solución que permitiría a los ciudadanos tener datos confiables del transporte público. También, existen leyes contributivas que son un obstáculo para que empresas internacionales puedan reclutar talento en Puerto Rico y mantenerlos trabajando desde aquí.

En gran medida, y como observa González Ascar en su libro, todavía “operamos un gobierno análogo”.