Los planes de implantar un nuevo esquema de regulación en las máquinas tragamonedas se mantienen asediados por el lado administrativo y el judicial.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió a la Comisión de Juegos (CJ) que no puede poner en vigor las leyes y reglamentos correspondientes al nuevo esquema de regulación de las máquinas tragamonedas hasta que la agencia cumpla con los requisitos de información que le han hecho con relación a esas leyes y reglamentos.

En una carta publicada ayer, la Junta no especifica cuáles son las deficiencias que la CJ tiene que atender, pero la misiva denota impaciencia del ente fiscal con la actitud del director ejecutivo de la Comisión, Orlando Rivera Carrión, y, de hecho, surge porque el ente fiscal tiene "serias preocupaciones" con expresiones que ha hecho el funcionario de que no tiene que esperar por la Junta.

Rivera Carrión no ha remitido todavía la traducción oficial al inglés de los reglamentos ni tampoco ha contestado requerimientos de información que le hicieron el 15 de febrero. La Junta le recordó que una vez reciba la traducción es que comienza la revisión formal y que no hay límite de tiempo para terminar esa revisión. "[L]a velocidad con la que completemos la revisión está directamente impactada por cuán pronto usted nos provee la información que le requerimos", indica la carta con copia a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Desde 2019, cuando la materia estaba bajo la jurisdicción de la Compañía de Turismo, la JSF monitorea los planes con las tragamonedas porque una de las fuentes de ingresos de las que depende el Plan Fiscal son recaudos por máquinas en casinos, por lo que "al legalizar los terminales de videolotería que operan fuera de los casinos, las nuevas leyes contributivas ponen en riesgo esos recaudos y levantan cuestionamientos serios sobre el cumplimiento de las nuevas leyes con el Plan Fiscal y PROMESA", establecieron en una carta de enero pasado.

La implantación de los reglamentos 9174 (Para la fiscalización operacional e interconexión de máquinas de juegos de azar en ruta) y 9175 ( Para la expedición, manejo y fiscalización de licencias de máquinas de juegos de azar en ruta) también está paralizada desde enero pasado por el Tribunal Supremo, que tiene ante sí un caso que plantea que los reglamentos son ilegales. Los reglamentos fueron aprobados en mayo de 2020, bajo el cierre decretado por la exgobernadora Wanda Vázquez Garces debido a la pandemia y precisamente después de que Vázquez Garced tuviera una actividad de recaudación de fondos en la que miembros de la industria aportaron $25,000 en efectivo a su campaña primarista.

La pugna con la JSF por la revisión de los reglamentos es solo una de las controversias en las que se ha visto involucrada la CJ y Rivera Carrión en medio de un proceso en el que el gobierno ha propuesto seguir otorgando licencias hasta llegar a las 45,000 máquinas aprobadas por ley, de las 25,000 que tienen licencia ahora para operar fuera de los casinos. Para la CJ es un esfuerzo de poner bajo un sistema central que redunde en recaudos para el fisco a máquinas que ahora existen por la libre. Pero para algunos dueños de máquinas, es un mecanismo para darle licencias solo a allegados políticos y dejar en la ilegalidad y sujetas a la confiscación a máquinas que ahora operan y que pagan licencias.

Las controversias se han desbordado del foro administrativo para llegar también al judicial y al legislativo, lo que, según fuentes de NotiCel tienen a Rivera Carrión cerca de la destitución. El 25 de febrero pasado, los comisionados integrantes de la CJ se reunieron fuera de la presencia de Rivera Carrión convocados por Cidre para discutir particularmente señalamientos de la Cámara de Representantes, que incluyen un referido a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), sobre la participación del funcionario en un chat en el que interactuaba con miembros de la industria que están bajo su poder regulatorio sobre asuntos oficiales.

Relacionado a la OEG, esa entidad no permitió que se nombrara a José L. Balasquides Córdova como Director del Negociado de Apuestas Deportivas mientras fuera uno de los dos comisionados que representan al sector privado en la CJ porque se trata de funciones incompatibles y ser comisionado a la vez que director "tiene el efecto de menoscabar su independencia de criterio como comisionado". Balasquides Córdova es comisionado desde 2020 y como director tendría la función de fiscalizar el cumplimiento con la ley y los reglamentos de las personas y entidades que la ley regula y que serían, presumiblemente, las mismas que representaba como comisionado del sector privado.

La gestión de Rivera Carrión en la CJ fue objeto de señalamiento también por parte de la Oficina de la Inspectora General, que ordenó corregir deficiencias en las contrataciones al encontrar que, por ejemplo, "clasificó a los contratistas como personal irregular y pagó beneficios como bono de Navidad, Seguro Social, entre otros, recurriendo a una práctica que ya no es autorizada bajo las leyes de personal vigente".

Además del caso por los reglamentos que está ante el Supremo, la CJ enfrenta también otros dos recursos legales.

En uno, promovido en el Tribunal Federal por la empresa Electronic Games y otras entidades que operan tragamonedas, se alega que es inconstitucional el poder que el reglamento le da a la CJ para hacer inspecciones de cumplimiento sin obtener una orden de allanamiento.

En otro, ante el Tribunal de Primera Instancia y que ha sido enmendado en varias ocasiones, un grupo de operadores de tragamonedas plantea que fueron excluidos ilegalmente del proceso de otorgación de licencias bajo las nuevas leyes y que, como no hay reglamentos vigentes todavía, todas las acciones que ha tomado la CJ hasta ahora en cuanto a estas máquinas deben ser anuladas.

Los demandantes dijeron también al tribunal que se supone que las licencias fueran a personas y entidades que ya estuvieran operando máquinas antes de 2019, pero hay 25 entidades a las que se le otorgó licencia que fueron creadas después de julio de 2019. Destacan como ejemplos a Arcade Games Planet LLC, que en su registro corporativo no tiene oficiales corporativos designados, y a The Winning Key LLC, una entidad que creó en 2021 el exsenador novoprogresista, Eric Correa.

"Este proceso ilegal se llevó a cabo dentro de un marco de venta de influencias, acuerdos contrarios a la ley y otra conducta que podría ser ilegal, por lo que dicho proceso debe ser declarado nulo y sin efecto para los que en realidad no cualifican", dice la demanda.

En la demanda se pide al tribunal una orden que le prohíba a la CJ "interferir, incautar o multar cualquier máquinas de juegos electrónicos de los demandantes".

El 28 de febrero pasado, se unió a la representación legal de la CJ en esa demanda el licenciado Dennis L. Seilhamer Anadon. Además, la CJ tiene contratos de asesoría legal con una firma del exsecretario de la Gobernación bajo la Administración García Padilla, Víctor Suárez (VS1826 LLC), y otra del exjuez municipal, exsecretario de Corrección y exsubsecretario de la Gobernación de la Administración Rosselló Nevares, Erik Rolón (EYRS Legal and Consulting Services LLC).

Rivera Carrión también ha sido criticado por tener una escolta policial asignada debido a supuestas amenazas.