La AAPP es el único administrador formal que tiene el contrato de operación bajo el cual LUMA Energy controla la red eléctrica y dice que la empresa ha cumplido con todo hasta ahora.

Un fenómeno gubernamental se registró ayer, pero pasó bastante desapercibido.

Mientras por un lado el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se reunía con alcaldes de su partido y aseguraba que le había exigido al operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy LLC, que mejorara su desempeño en varias áreas para que sean más responsivos a las necesidades de los ejecutivos municipales, una escena que se ha repetido varias veces en meses recientes con la crisis constante en el suplido de energía; por el otro, el único funcionario que oficialmente supervisa el contrato de LUMA para el gobierno le dijo al Congreso que la empresa había cumplido completamente con el contrato desde que entraron a operar la red en junio.

El contrato con LUMA tiene solo tres participantes oficiales: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se queda como dueña de los sistemas de generación y transmisión, LUMA que entra como operador del sistema de transmisión y distribución por 15 años, pero también se convierte en la AEE para efectos de recibir y manejar los fondos federales de reconstrucción de la red, y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), el único que tiene un rol de fiscalización y supervisión del contrato, ya que ni la AEE ni el Negociado de Energía (NE) tienen ese poder.

Aunque es el único ente con poder de fiscalización, en entrevista con NotiCel el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, opinó que su intervención por los próximos 15 años será mínima porque es el NE el que retiene poder regulatorio sobre LUMA y que todavía no tiene establecido un sistema para comunicar al público cómo están fiscalizando el contrato.

“El (NE) tiene que asegurarse que nos están dando mejores servicios… este contrato mantuvo toda la estructura legal y reglamentaria que existía antes del contrato… como lo hacía con la AEE”, dijo.

Fontanés Gómez admitió que, dentro de todos los esfuerzos que conllevó el año de transición de LUMA y el inicio de su operación formal de la red en junio, nadie estaba prestando especial atención a que la AEE estuviera al día en el mantenimiento de sus plantas para evitar lo que tenemos ahora, un sistema de generación que constantemente tiene que ser sometido a apagones selectivos para que no colapse por su incapacidad para cumplir con la demanda de energía. “Ellos no levantaron ninguna bandera de que, mira estamos llegando a una crisis”, comentó al señalar la responsabilidad de la AEE.

Esa cualidad de estar en el medio de todo, pero casi no estar ahí, que tiene la AAPP en el arreglo con LUMA quedó expuesta en la vista de ayer durante la que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal examinó los primeros cuatros meses de desempeño del nuevo operador de la red. A Fontanés Gómez se le dirigieron solo dos preguntas. En una afirmó contundentemente que LUMA “está cumpliendo con los requerimientos del contrato” y en otra dijo “es una pena” que los empleados de la AEE no optaran por quedarse con LUMA porque la empresa “provee mejores salarios (y) los mismos o mejores beneficios”.

Mientras Fontanés Gómez decía esto, en Ponce el gobernador Pierluisi Urrutia decía que “di la directriz (a LUMA) de (lo) que es inaceptable para mí”, en áreas como su nivel de respuesta a los alcaldes, su falta de directores por región y su tardanza en reparar averías. “Este es un contrato a quince años debidamente otorgado. Importante fiscalizarlo, lo estamos haciendo, ya las medidas que exigí que se tomen de los cambios que exigí y nos mantendremos fiscalizando para que el contrato se cumpla y que se mejore el servicio en el área de transmisión y distribución”, añadió, a la vez que su único representante en el acuerdo, la AAPP, dejó de exponer al comité congresional ninguna de esas cosas en su evaluación del desempeño de LUMA hasta ahora.

Por el contrario, Fontanés Gómez afirmó en su comparecencia escrita que los primeros cuatro meses de operación de LUMA han estado afectados por “una campaña de desinformación” de parte de detractores.

La AAPP es la que al final de cada año va a decidir si LUMA puede tener un pago anual inicial de $13 millones, que luego aumenta a $20 millones, si cumple con sus métricas de desempeño, por lo que se convierte en crucial saber qué está haciendo la agencia para fiscalizar el contrato y asegurarse que el operador privado se merece ese pago.

“No es una obligación contractual ni tenemos la obligación de presentar (el monitoreo que hacen al contrato), pero no estamos escondiéndolo tampoco. Creo que eso es algo que podemos ir desarrollando, definitivamente estamos comenzando este proceso… podemos darle más visibilidad al público de lo que está sucediendo”, opinó sobre la función fiscalizadora que la AAPP realiza sobre el contrato.

La Junta de Directores de la AAPP está compuesta por cinco integrantes: el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Secretario de Hacienda, el Presidente de la Junta de Planificación y dos personas en representación del interés público que la agencia no identificó.

Una de las facultades directas que la AAPP retiene en el acuerdo de operación es la aprobación de cualquier contrato de LUMA con monto de más de $10 millones en un año o más de $30 millones en el agregado. Fontanés Gómez confirmó que solo tiene bajo evaluación dos de esos contratos, uno para comprar metros nuevos y otro para manejo de vegetación, o lo mismo que labores de desganche. Sin embargo, el Registro de Contratos de la Oficina de la Contralora tiene tres contratos que LUMA ha otorgado por cantidades mayores a esas cantidades. El detalle de estos contratos no está disponible todavía porque la Contraloría ha optado por esperar a la determinación final del Tribunal Supremo en la pugna que LUMA mantiene con la Cámara de Representantes por la entrega de documentos que el operador reclama son confidenciales. El presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, advirtió a LUMA que van a hacerle su propio requerimiento de información y que los van a obligar a entregarla si se niegan.

“Un supervisor sin pericia”

Ante las expresiones de Fontanés Gómez, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, ingeniero Tomás Torres Placa, reiteró su postura de que el contrato con LUMA debe cambiarse para que sea la AEE la que lo supervise, y no la AAPP. Para esto, señala que el contrato de operación del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín lo gerencia la Autoridad de los Puertos y la concesión de las carreteras 22 y 5 la gerencia la Autoridad de Carreteras.

El Director Ejecutivo rechazó esto porque el contrato de LUMA es parte de un proceso de transformación del sector de energía que resultará en que la AEE, efectivamente terminará operando nada. “La AEE se divide en entidades y no se mantiene”, subrayó al recordar que la corporación pública se divide en transmisión, generación (que también tendrá un operador privado) y en una custodia de unas plantas que poco a poco se irán apagando.

“Simplemente no tienen la pericia y el conocimiento para evaluar el contrato y como no lo tienen pueden percibir que están haciendo un buen trabajo, pero todo el que tiene pericia en esto inmediatamente ve errores básicos”, añadió Torres Placa como una de las razones para que la AAPP no sea el administrador del contrato.

La vista ante el Congreso volvió a presentar una confirmación de esto.

La evaluación positiva que Fontanés Gómez hizo de LUMA estuvo basada en parte en un informe que le hizo FTI Consulting sobre las métricas de desempeño de los primeros cuatro meses de LUMA. La AAPP entregó copia del informe y el mismo no señala la inconsistencia en los datos que ya Torres Placa señaló en una reunión de Junta y que uno de sus antecesores en la silla, el profesor Agustín Irizarry Rivera, también presentó en su ponencia al Congreso.

Con los datos que LUMA sometió, Irizarry Rivera estimó que la cantidad de clientes promedio sin servicio en septiembre fue 4,943.3, sin incluir los relevos de carga. Eso es “dos a tres veces peor de lo que entre 2012 y 2014” durante su tiempo de servicio en la Junta, cuando el promedio era entre 1,500 y 2,000. “[E]l tiempo que toma restaurar el servicio eléctrico después de una interrupción ha aumentado dramáticamente en todas las regiones de la isla bajo (la operación de) LUMA. El promedio a lo ancho del sistema para restaurar el servicio eléctrico después de una interrupción aumentó de dos horas y 18 minutos durante marzo, abril y mayo con la AEE a cinco horas y 23 minutos durante junio, julio y agosto de 2021 bajo LUMA”, añadió.

Torres Placa rechazó la contención de Fontanés Gómez de que la fiscalización de la AAPP al contrato cede ante el Negociado porque, comparó, el Negociado es como recurrir a un tribunal como primera reacción ante un problema, en vez de estar atento para que el problema no se desarrolle o, si se desarrolla, tener la capacidad de atenderlo internamente sin tener que recurrir a un ente externo.

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