El operador privado no ha ofrecido un número exacto de los empleados contratados y no queda claro de dónde saldrá el dinero para ciertos gastos iniciales de la transacción.

A tres semanas para que LUMA Energy asuma la operación del sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica del País, el Gobierno y el operador privado aseguran que la transición se completará según pactada, aunque todavía quedan cabos sueltos en la transacción.

El contrato arranca el 1 de junio, pero existen dudas sobre el tamaño de la plantilla de LUMA y de su capacidad para operar la red eléctrica porque no ha logrado reclutar personal especializado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se resiste a trabajar para el operador privado porque perdería la antigüedad laboral. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego rechaza el contrato. Ha procurado anularlo en los tribunales y realizado manifestaciones denunciado sus fallas.

LUMA tampoco ha completado el protocolo de emergencia para la temporada de huracanes, que empieza el mismo día del cambio de mando en la operación de la red eléctrica, y no cuenta con su propio modelo de factura como estipula el contrato aprobado a través de una alianza público privada.

Pero no se trata solo de falta de mano de obra y de un mecanismo de cobro por el servicio eléctrico.

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La Cámara de Representantes ya informó a la Junta de Supervisión (JSF) que no aprobará la reserva de $750 millones que estipula el contrato de LUMA para costos operacionales y proyectos de mejoras capitales hasta que se atiendan las deficiencias del acuerdo contractual, que se extenderá por un término de 15 años y que generará $1,500 millones en ingresos al consorcio privado sin que invierta un centavo.

El viernes pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, envió una misiva al presidente de la JSF, David Skeel, indicándole que la propuesta enviada por la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, para asignar el presupuesto a LUMA no tomó en cuenta el tiempo que toman los trámites legislativos y que una resolución que permita la transferencia de la operación de la AEE a LUMA no cuenta con los votos para su aprobación en ninguna de las cámaras legislativas.

En la misiva, Hernández Montañez consignó que el polémico contrato se diseñó en “contra del Gobierno y de los mejores intereses del pueblo”. Por ello, pidió a la Junta sentarse a negociar un aplazamiento de tiempo razonable para corregir las fallas en el contrato de LUMA.

Ya la Cámara de Representantes y el Senado habían aprobado una resolución que posponía la transferencia del sistema de transmisión y distribución hasta el 15 de enero de 2022 para renegociar cláusulas en el contrato de LUMA. Previamente, en una reunión en La Fortaleza, dos miembros de la Junta de Gobierno de la AEE solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aplazar la fecha ante preocupaciones por la continuidad del servicio en medio de la temporada de huracanes, que acaba en noviembre.

El Gobernador no acogió esa petición y la semana pasada vetó la resolución que frenaba la transición. Molesto con esa acción del Primer Ejecutivo, el representante Luis Raúl Torres Cruz emplazó a la delegación popular en la Cámara a colgar el nombramiento del designado secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez.

En medio de esos vientos, Jaresko respondió la carta de Presidente Cameral velozmente. Sin paños tibios, recordó que la Junta -bajo la Ley federal Promesa- tiene la facultad para certificar la resolución presupuestaria que asignaría $750 millones del Fondo General para crear las cuentas de LUMA, pero que en este momento calificará la acción de la Cámara como una infracción. Por tanto, concedió a la Legislatura -Cámara y Senado- hasta el 12 de mayo para aprobar la resolución.

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Advirtió también que si la Asamblea Legislativa mantenía su postura, la Junta certificará el presupuesto para crear las cuentas de LUMA y se presumirá aprobado por el Gobernador y la Legislatura.

Al responder a la controversia, el Presidente Cameral afirmó a NotiCel la acción de la Cámara descarrilará el proceso de transición. “No (puede darse la transición) porque LUMA no tiene el ‘cash’ para ejecutar”, argumentó.

Hernández Montañez aclaró que esa no es la única estrategia para detener la transferencia del sistema eléctrico a LUMA. Tan pronto plante pie en la Isla luego de un viaje a Nueva York y Washington DC, en el cual se reunió con miembros de la JSF, comenzará a cabildear votos para tratar de ir por encima del veto del Gobernador.

“Yo juego todas las bases”, indicó.

El Gobernador, a través de su portavoz de prensa, Sheila Angleró Mojica, reiteró su confianza en que el proceso de transición continuará su curso. Señaló que nada impide que la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) “puedan negociar cualquier enmienda que entiendan que es beneficiosa para el pueblo”.

“Si la Asamblea Legislativa no le da paso (a la resolución), la Junta aprobará el presupuesto requerido para cumplir con el Plan Fiscal. La transferencia no se afecta”, apuntó.

En declaraciones escritas, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, insistió en que los trabajos de la transición se llevan a cabo conforme a lo establecido en el contrato y que todo continúa en marcha para cumplir con la fecha programada del 1 de junio de 2021.

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“Un atraso afectaría los procesos que desde junio 2020 se están cursando de forma ordenada, así como la urgencia de comenzar los trabajos de modernización del sistema eléctrico a la brevedad posible, a tiempo para la próxima temporada de huracanes”, apuntaló.

Sin cifras claras de empleados

A pesar de la reiterada confianza del Gobierno en el proceso de transición, los procesos pendientes ante el Negociado de Energía y los datos discutidos en la última reunión de la Junta de Gobierno evidencian que al presente quedan cabos sueltos en la fase final de la transición de un servicio vital para la ciudadanía y que se consumará justo al inicio de la temporada de huracanes y con el recuerdo fresco en la memoria colectiva de los estragos causados por el huracán María.

Por ejemplo, el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, informó a la Junta de Gobierno el pasado 28 de abril que todavía trabaja en el plan de emergencias para la época de huracanes y que ese documento esencial estará listo el 1 de junio, el mismo día en que el operador asume jurisdicción de la operación. Indicó también que el personal de LUMA se encontraba en ese momento tomando los talleres y adiestramientos con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Ante preguntas del representante del interés público, Tomás Torres Placa, Stensby ofreció un número vago sobre la cantidad de empleados y empleadas contratadas. Al inició de su presentación, señaló que LUMA había recibido sobre 20,000 solicitudes de empleo, pero luego respondió que solo 1,500 personas habían aceptado o evaluaban ofertas de trabajo. No precisó el número exacto de personas contratadas. NotiCel solicitó una reacción de LUMA sobre la decisión de la Cámara e información sobre la contratación de empleados, pero al presente no ha recibido los datos.

También comentó que el año pasado, una filial de LUMA, transportó equipo a la Isla y que actualmente la empresa se encontraba en el proceso de recibir equipo adicional, que llegaría desde Miami.

“Vamos en camino a tener lo que necesitamos para comenzar la operación del servicio”, afirmó Stensby.

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Como parte de esos preparativos, afirmó que la empresa tomará medidas para evitar situaciones de acceso y de seguridad el 1 de junio y para garantizar un espacio de trabajo libre de “acoso”.

Durante esa reunión de la Junta de Gobierno, el subdirector de la AEE, Jaime López, informó que la plantilla de la corporación pública se redujo de febrero a marzo de 5,438 empleados a 5,411. Solo 132 empleados han renunciado a sus puestos para pasar a LUMA.

En las vistas de transición gubernamental en diciembre pasado, el director ejecutivo de la AEE, Efran Paredes Maisonet, detalló que la AEE tenía una plantilla de 5,468 empleados, pero 1,000 laboraban en el área de generación, que no pasarían a LUMA. De ese universo de 4,500 que deberían pasar al operador privado, 708 habían solicitado posiciones en LUMA en aquel momento.

El 7 de mayo, LUMA -a través de su presentante legal Margarita Mercado Echegaray y procuradora general durante la administración de Alejandro García Padilla, solicitó al Negociado de Energía aplazar el proceso de revisión de la factura modelo, que utilizaría la empresa. El Negociado acogió la petición, que extendió el trámite hasta agosto. Por lo pronto, LUMA seguirá usando la factura de la AEE.

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También existe preocupación entre algunos sectores que el fondo creado para pagar la deuda de la AEE se dilapide pagando los $132 millones que la JSF estima costará el proceso de transición, que inició hace 10 meses, los $250 millones que la AEE tendrá que aportar para los gastos operacionales de LUMA y el plan de movilidad de los empleados de la corporación pública, que pasarán a otras agencias de gobierno y que constituye un pago doble de nómina. La Junta estableció que esos gastos se sufragarán con el ‘cash on hand’ de la corporación pública, que se encuentra en quiebra y que solo cuenta con unos $600 millones -acumulados por la congelación del pago de intereses- para atender la deuda con los bonistas.

De cara a la transferencia del sistema eléctrico, el Representante del Interés Público en la Junta de Gobierno de la AEE, indicó a NotiCel que existen tres asuntos que deben atenderse con urgencia para garantizar la sostenibilidad del contrato a largo plazo.

Según Torres Placa, hay que clarificar la procedencia de los fondos que se destinarán para el pago de la transacción, la supervisión del contrato y la plantilla de trabajadores.

“No solo se trata de añadir los $132 millones de gastos iniciales de transición al déficit de la AEE sino el costo del financiamiento de los $1,000 millones”, apuntó el ingeniero.

Los $1,000 millones responden al fondo de $750 millones que la Legislatura rechaza aprobar y los $250 millones que la quebrada AEE debe aportar para la operación del contrato.

“LUMA tiene que ser supervisada por una entidad con tenga el conocimiento en el tema energético y debe ser la AEE, que tiene el conocimiento y es dueña de los activos. Actualmente, la supervisión de LUMA quedaría en manos de una Junta, cuyos miembros LUMA designa, y por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas”, acentuó Torres Placa, un asunto que no se ha atendido y que Paredes Maisonet planteó durante las vistas de transición gubernamental

Bajo el pacto actual LUMA no acudiría a las reuniones mensuales de la Junta de Gobierno, una ausencia, que de acuerdo a Torres Placa, privaría al operador privado de información vital del día a día de la operación.

Finalmente, el ingeniero insistió en conocer el número exacto de las personas contratadas por LUMA ante su fracaso para atraer al personal con experiencia de la AEE. En la reunión de la Junta, Stensby afirmó que el operador se mantendrá reclutando personal hasta el 1 de junio y después de que asuma la jefatura de la operación.

Mira el contrato de LUMA aquí.

Mira la carta que el Presidente Cameral envió a la JSF aquí.

Mira la contestación de Natalie Jaresko aquí.

Mira la petición para aplazar la factura modelo aquí.