El plan fiscal elaborado por el Ejecutivo es una propuesta a cinco años que recomienda el cierre inmediato o a largo plazo de seis agencias.

El camino a seguir para salir de la quiebra y encaminar a Puerto Rico por la ruta del progreso económico sostenible depende de $2,000 millones en fondos federales, que aún no se materializan, según la propuesta del Plan Fiscal elaborada por el Ejecutivo.

Ayer, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia presentó el borrador del plan fiscal revisado para los próximos cinco años, que apuesta a una inyección permanente en fondos federales de Medicaid para costear el sistema de salud público y para liberar recursos para otros programas gubernamentales contenidos en su programa de gobierno.

Pero esa asignación de fondos federales de sobre $2,000 millones, que constituye la línea de oxígeno de su mapa de ruta para el País, hasta el momento consiste, según explicó el Mandatario, de una promesa del presidente Joe Biden y de su equipo de trabajo.

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Acorde a su propuesta de presupuesto, este borrador de Plan Fiscal no contempla recortes a la Universidad de Puerto Rico, a las asignaciones municipales y a las pensiones de los servidores públicos, medidas que impulsa la Junta de Control Fiscal (JCF). Mantiene la propuesta para mejorar el salario de los empleados públicos y propone una reducción de cerca del 20% en la contribución sobre ingresos que pagan las personas y las corporaciones.

El documento, que solo está disponible en inglés, también recomienda el cierre inmediato o a largo plazo de seis agencias: el Bosque Modelo (Model Forest, según lo identificó el Plan Fiscal), la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (cierre parcial), la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera (cierre el 1 de julio 2033), el Banco de Desarrollo Económico, la Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental y el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional.

Ayer, en rueda de prensa desde el Centro de Convenciones en Miramar, Pierluisi Urrutia detalló que el borrador sometido para la aprobación de la Junta JCF contempla $14,000 millones del Cares Act, $86,000 millones de ayudas de federales de recuperación y desastres y el compromiso de elevar el pareo federal del programa de Medicaid de 55% al 83%.

Esos $86,000 millones en ayuda federal, de acuerdo a los cálculos del Gobierno, se extenderán hasta el 2032.

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Flanqueado del secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco Urrutia y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero Díaz, el Gobernador rechazó que su propuesta descanse en la “esperanza”.

“No, no es esperanza porque yo he tenido conversaciones directas con el personal de confianza del Presidente así como el liderato congresional. El Presidente tiene un compromiso con trato igual para Puerto Rico de forma permanente en el programa de Medicaid. Por eso, es que se está incluyendo aquí. ¿Qué yo espero? Que se incluya en la petición presupuestaria del Presidente al Congreso y que se incluya en un vehículo legislativo para que sea permanente”, respondió a preguntas de la prensa.

“El compromiso está. Yo lo he confirmado directamente. Básicamente vamos a decir que este servidor tiene luz verde de parte de la administración del presidente Biden para hacer este reclamo e incluirlo en el plan fiscal”, agregó.

Pierluisi Urrutia indicó que elaboró el plan fiscal a base de proyecciones económicas de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO, por sus siglas en inglés), que a un año de la pandemia del Covid-19 ajustó sus pronósticos económicos para Estados Unidos y la Isla; así como con la ayuda de asesores económicos y los jefes de las agencias que manejan el asunto fiscal. Aunque el plan fiscal se extiende a cinco años, incluye proyecciones económicas hasta el 2046 cuando el gobierno de Puerto Rico debería hacer su último pago a la deuda, de acuerdo con el Plan de Ajuste enmendado que la JCF sometió para la aprobación de la jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende la quiebra de la Isla.

“Este plan fiscal que estamos sometiendo arroja mejores resultados que el plan fiscal certificado por la Junta en mayo del año pasado, particularmente en las siguientes áreas. Primero, las previsiones macroeconómicas del CBO son más optimistas que las utilizadas durante el pico de la pandemia del Covid-19. Segundo, incluye una mayor disponibilidad de fondos federales de Medicaid dado los compromisos del presidente Biden y, tercero, este plan incluye iniciativas claves que he expuesto en mi plataforma de gobierno así como en la petición presupuestaria que le sometimos a la Junta”, apuntó.

“Van a ver que en ningún momento Puerto Rico cae en una situación deficitaria durante 25 años, 26 años, que cubren las proyecciones económicas. Hemos montado este plan fiscal a base de las proyecciones que tenemos, siendo conservadores y lo que hacemos es que distribuimos los recursos de acuerdo a las prioridades que yo he esbozado”, abundó en otro momento.

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Marrero Díaz observó que el Plan Fiscal pasado pronosticaba un descenso en la economía de un 4% para el año pasado, pero el Plan enmendado estima que la contracción alcanzó el 1.4% debido a las ayudas que recibió la Isla.

“En los próximos cinco años no tenemos crecimiento económico. Estamos hablan de 1.1%, 1.7%. Estamos bien cerca de un crecimiento base. Esto es bastante conservador, atrás se quedaron las proyecciones bien ambiciosas. Ahora nos vamos bien conservador para asegurar que Puerto Rico pueda proveer servicios esenciales y pagar la deuda según reestructurada”, indicó el Director Ejecutivo de Aafaf.

El Gobernador refutó que su plan descanse en la dependencia de fondos federales y que no contemple propuestas de desarrollo económico que propendan a la creación de riqueza y capital en la Isla.

“Estos fondos federales son una bendición. Este discurso de dependencia yo sinceramente ni lo entiendo porque aquí la riqueza que queremos la genera el sector privado. Lo sabemos y vamos a incentivar ese sector privado para que cree más y mejores empleos. Vamos a incentivar empresas, por ejemplo, en el sector de la manufactura para que expandan sus operaciones en Puerto Rico o empresas que todavía no están radicadas aquí se ubiquen aquí. Vamos a incentivar el turismo para que crezca. Ha estado impactado en la pandemia”, respondió algo molesto a preguntas de NotiCel.

“Una cosa no va con la otra, pero lo primero que tenemos que agradecer es que la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y el compromiso de la administración Biden, de darnos trato igual como ciudadanos americanos que somos. Yo respeto a los que abogan por la independencia y la soberanía nacional pero tienen que entender que mientras Puerto Rico sea un territorio de Estados Unidos y mientras nosotros seamos ciudadanos americanos, yo estoy obligado moralmente -por no decir legalmente- con el pueblo de Puerto Rico para reclamar este trato igual y después del resultado del plebiscito vamos a añadir los derechos políticos que no tenemos”, abundó.

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También despachó una pregunta que cuestionaba si las propuestas de dependencia económica del plan buscaban allanar el camino para traer la estadidad a la Isla.

“La verdad es que tendríamos que cambiar toda la historia de Puerto Rico desde principios del siglo XX hasta el presente. Llevamos más de 100 años como ciudadanos americanos y que sepa yo porque no he visto lo contrario fácilmente 9 de 10 puertorriqueños y puertorriqueñas no quieren que le quiten esa ciudadanía. Quiere quedarse con su ciudadanía pues todo lo que yo estoy diciendo bueno si eres ciudadanos de los Estados Unidos que te traten con igualdad. Igual que yo respeto a los que quieran separarse de Estados Unidos o quieran independizarse de Estados Unidos, tienen que respetar a los queremos sacarle todo el provecho a esta ciudadanía americana y ahí me incluyo yo”, contestó a preguntas de ese medio digital.

Ante la posibilidad de que la Junta rechace su propuesta de Plan Fiscal puesto que contiene medidas que el ente fiscal desaprueba o se apoya en una promesa de fondos, que no cuenta con carácter permanente, aseguró que su obligación requiere defender sus posiciones ante los foros pertinentes.

“Yo no puedo paralizarme porque en el pasado no se convenció a la Junta de cambiar posturas y dejar de hacer el reclamo. Yo tengo la palabra empeñada con el pueblo de Puerto Rico de hacer reclamos en esas áreas, pero tengo que decir que lo que ha cambiado este panorama es que yo tengo un compromiso directo con la administración de Biden de darle trato igual en Medicaid a Puerto Rico y eso cambia el panorama fiscal de Puerto Rico a futuro”, insistió.

“En otras palabras, a menos que la Junta haga caso omiso de ese compromiso, que se puede materializar en cuestión de meses pues entonces la Junta tiene que atender esta nueva realidad fiscal y nosotros de buena fe le estamos diciendo cómo atenderla”, agregó.

Pese a que insistió en que su visión era “diferente” a la plasmada en el Plan Fiscal vigente, indicó que cumplirá la Ley si la Junta -o finalmente la jueza federal- no adopta las medidas contempladas en el plan fiscal, como el rechazo a recortar las pensiones.

“Yo tengo que esperar a ver cuál es el Plan Fiscal que certifica la Junta al final del camino y obviamente la Ley promesa exige cumplimiento con el Plan Fiscal. Yo voy a cumplir con todas las leyes incluyendo la Ley Promesa. Esa es mi obligación como Gobernador”, dijo.

Apuntó también que consignará por escrito su oposición al recorte en las pensiones que contiene el Plan de Ajuste a la deuda sometido por la Junta.

“Ahí mi postura es un tanto diferente. Yo voy a buscar la manera en que se honren todas las pensiones en Puerto Rico. La manera legal de hacerlo. No puedo anticipar qué va a hacer la juez. No partamos de la premisa que la juez va a recortar las pensiones. Tampoco partamos de la premisa que la juez va a impedir que nosotros honremos las pensiones si encontramos los recursos para hacerlo”, señaló.

Mira el Plan Fiscal revisado aquí.