El Gobierno de Puerto Rico ni las organizaciones que agrupan a los alcaldes tienen un plan específico para atender la crisis fiscal de los municipios que este año dejarán de recibir $184 millones de las transferencias gubernamentales, cifra que aumenta a $220 millones el próximo año fiscal.

La situación puede agravarse con la decisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) de anular $40 millones contenidas en 24 resoluciones de partidas presupuestarias mayormente asignadas a los municipios durante el pasado año para reparaciones de residencias e infraestructuras afectadas tras el paso del huracán María en 2017.

Aunque el gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que el dinero ya había sido desembolsado, la Junta podría hacer ajustes adicionales en los gastos ordinarios para el presupuesto vigente por el monto gastado.

El alcalde de San Sebastián, Javier Jimenez, dijo que la precaria situación fiscal de los municipios fue discutida en las pasadas semanas durante una reunión entre varios alcaldes con funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), sin que surgieran propuestas concretas para atender las maltrechas finanzas de los ayuntamientos.

'No hay un plan concreto ni definido. No hubo una propuesta de AAFAF. No vemos ningún interes del Ejecutivo en buscar una alternativa final a todo esto', sostuvo el Alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Además de Jimenez, en el cónclave participaron los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera; el de Cidra, que preside el Centro para la Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo; y el de Orocovis, Jesús E. Colón Berlingeri. Jimenez agregó que la única propuesta del Gobierno central es la creación de los condados.

Para el 2023, los municipios dejan de recibir $350 millones del Fondo General pero se les mantiene la carga de pagar el Plan de Salud del Gobierno (PDG), las pensiones luego del cambio al sistema PayGo y la aportación del Fondo de Redención de Deudas.

'Sobre $445 millones que tenemos que darle nosotros al Gobierno central y nos quitan los $350 millones. No hay forma que los municipios puedan operar. Para que muera un ser humano le quitas el oxígeno y eso es lo que están haciendo. Esto representa la muerte de los municipios', aseguró Jimenez.

El alcalde pepiniano urgió a sus homólogos y las organizaciones que los representan a buscar alternativas por su cuenta ante el poco interes demostrado por el Ejecutivo.

Entretanto, Carrasquillo había anticipado que como parte de los esfuerzos para paliar la merma de ingresos a los municipios el CRIM anunciaría a principios de año la contratación de empresas privadas para realizar los cobros del impuesto a la propiedad, pero según Jimenez, esa propuesta hace meses no se discute.

'Eso se quedó en nada. Se dejó de discutir hace como seis meses. Además, el cuatrienio se acabó ya', manifestó en referencia a lo tardío de la propuesta para atraer dinero inmediatamente, por lo que propuso que se les pase a los municipios el cobro de las contribuciones a la propiedad.

De acuerdo con el ejecutivo de San Sebastián, los municipios tuvieron un respiro este año producto de los fondos desembolsados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), prestamos de esa agencia y el dinero de las aseguradoras tras el paso de María. No obstante, recordó que no son fondos recurrentes, por lo que en el próximo año la necesidad económica de los ayuntamientos aumentará.

Aunque en 2018 se legisló la conexión de las tragamonedas para, entre otras cosas, ayudar a los municipios, Jimenez no cree sea una alternativa real debido al tiempo que tomará su implementación y la poca certeza que se tiene respecto a los recaudos.