De cara al 2022, el Gobierno de Puerto Rico preve la recuperación parcial de las adversidades provocadas por el paso de los huracanes Irma y María el pasado septiembre, tanto en niveles poblacionales, de ingresos y en operaciones gubernamentales, a toda vez que sostiene una brecha presupuestaria de entre dos y tres billones de dólares, según el nuevo Plan Fiscal.

El documento, sometido a la Junta de Control Fiscal (JCF) antes de la medianoche, por un lado asegura un balance en el presupuesto en cinco años, mientras que por otro, no vislumbra superávits para destinar al pago de la deuda.

Esa brecha tampoco contempla el recibo de fondos por parte de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles ni de dinero federal suplementario para la recuperación de desastres, de los cuales el gobernador Ricardo Rosselló Nevares solicitó $94.4 billones.

En síntesis, los pilares del nuevo Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico son la transición hacia el modelo de Nuevo Gobierno, con miras de ahorrar unos $3 billones, y la confianza en el recibo de subvenciones federales por concepto de la recuperación de desastres, las cuales totalizan $35.3 billones.

Asimismo, el plan toma en consideración el ingreso de $21.9 billones de manos de las compañías privadas de seguros. Es decir, en total, $57.2 billones constatados en el nuevo Plan Fiscal del Gobierno provienen de fondos relacionados a la recuperación de desastres.

'Antes de las medidas, había un gap de casi ocho mil millones de dólares, que era bastante significativo. Se empiezan a implementar todas estas medidas, algunas son fiscales que van reduciendo ese gasto. Otras de estas medidas son estructurales, que solo tienen costo o puede que tengan un costo [para el Gobierno], pero tienen un impacto positivo en la economía, lo que redunda en un beneficio logístico en todo este proceso', aseguró Rosselló Nevares en una presentación a la prensa.

Cabe destacar que el Gobierno no tiene inherencia sobre cuándo se realizará el pago de la deuda, la cual asciende a más de $70 billones, ya que esa determinación le corresponde a la corte federal que procesa los trabajos en base al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica (Promesa, por sus siglas en ingles).

Mediante el 'Nuevo Gobierno', se pretenden reducir agencias a la vez que se optimizan los servicios.

'Dentro de los cinco años, son varias medidas. Sigue enfocado en eficiencias operacionales. Sinergías, en este caso. Se consideran medidas en el Departamento de Corrección, en el Departamento de Educación y en el Departamento de Salud. Son medidas de rightsizing y eficiencias operacionales. Tambien enfoca en la transformación de estas agencias nombradas', adelantó, por su parte, Gerardo Portela Franco, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Igualmente, se proponen reformas a los servicios de salud, reducción de los desembolsos a los municipios y la Universidad de Puerto Rico, además de reforzar las medidas de cumplimiento con los impuestos.

Mientras, el fondo federal incluido en el Plan Fiscal consiste de $35.3 billones del programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en ingles).

De acuerdo a Rosselló Nevares, las comunicaciones con el ente federal han apuntado a que ese dinero está asegurado, de los cuales 51% serán destinados a la reparación y modernización del sistema de agua potable y de energía electrica, mientras que un 24% será para reconstruir edificios críticos y el arreglo equipo.

Por otro lado, el remanente 25% se utilizará en reforzar las habilidades de la respuesta de emergencia.

El nuevo Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico está visualizado a cinco años y tambien toma en consideración un impacto de $1.7 billones en ese período a raíz del impuesto a Puerto Rico estipulado en la reforma contributiva federal.

Los detalles presupuestarios tras la privatización de la Autoridad de Energía Electrica y cómo influencian las finanzas del Gobierno suponen estar incluidos en el plan fiscal de la corporación hasta ahora pública.

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Tras recibirlo, la JCF supone iniciar el período de análisis para determinar que medidas serán aceptadas y cuáles no.

El domingo pasado, informó Rosselló Nevares, se reunió con la JCF y durante el próximo mes tendrán 'más sesiones' de discusión.

'Hay acuerdo en cuanto a la dirección global de cuáles son la serie de factores que inciden sobre el baseline [la base]. Nuestros equipos han estado trabajando para llegar hacia lo mismo. De eso se trata este proceso. Puede que hayan algunas diferencias numericas, algunas presunciones de un equipo sobre otro, se discuten y entonces se realizan', afirmó el Primer Ejecutivo.