La Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que “el acceso a información pública” continúa siendo “un gran reto” para los puertorriqueños.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su asamblea anual, elaboró un informe acerca de la situación del periodismo en Puerto Rico y en el documento establece que el acceso a información pública “continúa siendo un gran reto para la ciudadanía y para la prensa, que debieron acudir a los tribunales para ejercer su derecho a información en manos del gobierno” y de la empresa LUMA Energy.

Según la SIP, se han sometido recursos judiciales en contra del gobierno, en particular el Departamento de Recursos Naturales, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Seguridad Pública y varios municipios, entre otros.

“En ocasiones las agencias de gobierno ignoraron las peticiones de información pública, hasta que se solicitan mediante recursos judiciales. El Poder Judicial a veces se mostró reacio a imponer sanciones a las agencias que denegaron información”, estima la organización internacional.

Además, establece que el consorcio privado LUMA Energy, empresa que opera la red eléctrica del país, “ha demostrado su oposición a brindar información sobre sus operaciones sufragadas con dinero público, en especial tras el paso del huracán Fiona, una nueva emergencia que puso a prueba la capacidad de gobernanza y planificación en el país”.

Añade que “la falta de transparencia de LUMA Energy desembocó en una controversia en el Tribunal Supremo, al denegar en dos ocasiones información pedida sobre los salarios de sus trabajadores y ejecutivos. La empresa se negó a rendir cuentas sobre la operación con fondos públicos del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica contraargumentando que una empresa privada no está obligada a ofrecer esa información. El presidente de LUMA Energy se enfrentó a una orden de arresto por no brindar información a la Cámara de Representantes”.

La SIP consigna que “varios proyectos de ley para enmendar las leyes de transparencia y para proteger las fuentes confidenciales de los periodistas todavía no se convirtieron en legislación. El 5 de abril se presentó un proyecto de enmienda a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito con la intención de reducir las excepciones para la denegación de información pública que el gobierno reclama confidencialidad, acortar los términos para la entrega de información y crear más sanciones administrativas”.

La entidad recordó que el 21 de junio el Senado aprobó un proyecto para eliminar el secreto en procesos relacionados con la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica.

Además, sostuvo que desde el 24 de enero de este año está pendiente ante la legislatura un proyecto de "Ley para la Protección de Fuentes Periodísticas", para que los periodistas o reporteros no sean obligados a revelar la identidad de sus fuentes ni sean sancionados por negarse a revelarlas.

Este proyecto establece penalidades y protección para periodistas, medios y fuentes.

“El 15 de agosto el Senado aprobó un proyecto para establecer el Privilegio del Reportero, con la finalidad de que un periodista no pueda ser declarado en desacato por un organismo gubernamental por negarse a revelar su fuente o negarse a divulgar cualquier información publicada o no publicada obtenida o preparada en su recopilación de datos”, señaló la SIP.

En tanto, el Centro de Periodismo Investigativo acudió a los tribunales en julio para obtener acceso a información pública de la Administración de Seguros de Puerto Rico sobre la utilización de los planes médicos que participan del plan de salud del gobierno desde 2012 al presente.

Mientras, en junio, GFR Media presentó un recurso judicial en contra de la Autoridad de Carreteras y Transportación para obtener información sobre la infraestructura del país, incluyendo estudios, contratos y facturas relacionadas con los puentes.