Aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) sugirió al gobierno la privatización de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y la reducción drástica de labores en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ambas agencias aparecen en el presupuesto recomendado para el 2020 con aumento para esta última dependencia.

En el caso de la Comisión, la Junta sugirió que fuera reducida para que solo opere un año antes de las elecciones con una estructura administrativa más limitada.

'Las operaciones actuales de la CEE no se igualan con las necesidades que atiende ni la realidad fiscal de la Isla', dice una carta que envió la JCF al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien anticipó su aspiración a renovar en la gobernación para las elecciones de noviembre 2020.

La recomendación que el ente rector de las finanzas públicas hizo se ampara en la Sección 205(a) de la ley federal PROMESA que la faculta a someter recomendaciones al Gobierno de Puerto Rico para mejorar la prestación de servicios, asegurar cumplimiento con el Plan Fiscal, promover el desarrollo económico, y procurar la estabilidad financiera.

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De acuerdo con el borrador, el presupuesto de la CEE para el 2018 fue de $29,407 millones, mientras que en 2019 es de $35,206 millones. Para el 2020, se solicitará $64,428 lo que significa un aumento de $29,222 (cambio porcentual de 83.0).

'El organigrama de la CEE es altamente complejo, con un presidente, tres vicepresidentes, un comisionado electoral por partido (actualmente tres), comisionados alternos, una secretaría y subsecretaría y su personal. Hay más de 85 Juntas de Inscripción Permanente (JIP) por toda la isla y cada una de estas incurre en gastos administrativos y de personal', añade la comunicación dirigida al Gobernador y los presidentes legislativos.

En cuanto a la WIPR, la JCF recomendó su privatización. 'La Junta reconoce y apoya los esfuerzos de WIPR en comunicar y proveer programación informativa y cultural de interes público para el pueblo de Puerto Rico; pero una transferencia de titularidad a una entidad privada sin fines de lucro podría incrementar las oportunidades de desarrollo', lee la misiva.

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Según justificó el ente instaurado bajo la ley federal PROMESA, corporaciones de comunicación pública alrededor de los Estados Unidos son mantenidas por organizaciones privadas y donativos federales o privados.

'WIPR debería similarmente ser operada y mantenida independientemente, mientras a la misma vez es protegida de los intereses políticos. La Junta apoya la difusión pública pero los recursos para operar a WIPR pueden y deben venir de afuera del Gobierno para que el Gobierno priorice sus gastos en los servicios que este mejor posicionado para proveer', apuntó la JCF..

En el 2018, la corporación tuvo $7,268 millones y en 2019 aumentó a $8,126 millones. Pero en el 2020, se anuncia una reducción a $5,748, una baja de $2,378 o cambio porcentual de 29.26.

El principal oficial ejecutivo (CFO, por sus siglas en ingles) del gobierno, Raúl Maldonado Gautier, notificó ayer la publicación del borrador del presupuesto para el año fiscal 2019-2020 en el que el presupuesto general recomendado para el 2020 asciende a $9,527 millones.

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