Los detallistas y contadores públicos autorizados tuvieron un primer vistazo a partes de un informe relacionado a la transformación del sistema de contribución sobre la propiedad o 'property tax' preparado por el Departamento del Tesoro federal, informó el principal oficial financiero del Gobierno (CFO por sus siglas en ingles) y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, primero que los alcaldes y alcaldesas cuyas finanzas municipales siguen en picada y ante un panorama poco alentador.

Para el 2023 los municipios de Puerto Rico dejan de recibir $350 millones del Fondo General a la vez que pagan el Plan de Salud del Gobierno (PSG), en adición al cambio en el pago de pensiones al sistema PayGo y la aportación del Fondo de Redención de Deudas. En un momento se discutió la contratación de empresas privadas para realizar los cobros del impuesto a la propiedad para paliar la merma de ingresos a traves del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), pero quedó en nada.

A principios de marzo, varios alcaldes con funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) se reunieron para desarrollar planes que prevengan los próximos recortes de fondos sin que surgieran propuestas concretas.

Aún así, la información que hayan podido obtener los miembros del Centro Unido de Detallistas (CUD) o del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) y de la Cámara de Comercio por parte del CFO fue limitada tambien.

Según dejó saber el presidente de la Cámara de Comercio, Kenneth Rivera, 'recibimos el informe y conceptualmente vemos con buenos ojos la recomendación que hacen. Aún no hemos visto el documento completo, pero entendemos que está enfocado en la dirección correcta. En la medida que entendemos que puede ser beneficioso para los empresarios locales, en que se elimina la tributación de inventario y el enfoque imponiendo tributos sobre propiedad inmueble, nos parece razonable'.

De la misma forma se expresó el presidente del CUD, Jorge Argüelles, quien inicialmente favoreció los cambios propuestos porque 'incluye la eliminación del impuesto por inventario, asunto que se ha estado trabajando para su eliminación por el impacto negativo que tiene en los comerciantes'.

Los municipios tuvieron un respiro este año producto de los fondos desembolsados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), prestamos de esa agencia y el dinero de las aseguradoras tras el paso del huracán María pero este año dejarán de recibir $184 millones de las transferencias gubernamentales, cifra que aumenta a $220 millones el próximo año fiscal.

La situación puede agravarse con la decisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) de anular $40 millones contenidas en 24 resoluciones de partidas presupuestarias mayormente asignadas a los municipios durante el pasado año para reparaciones de residencias e infraestructuras afectadas tras el paso del huracán en 2017.

Maldonado Gautier informó, además, que la presentación brindada a detallistas y contables se brindará próximamente a los alcaldes.