Dijeron que no pero sí. Aunque en un principio los presidentes legislativos mostraron resistencia a reducir sus gastos alegando que la Rama Legislativa no es parte de las 'instrumentalidades del gobierno', bajo la jurisdicción de la Junta de Control Fiscal (JCF), no tendrán otra opción. La Asamblea Legislativa tendrá que operar con $27.5 millones menos en el próximo año fiscal allanándose a los recortes en el presupuesto recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló.

Durante el pasado año fiscal, la Asamblea Legislativa tuvo una asignación presupuestaria de $158,880,000; mientras, este año, el presupuesto recomendado por el Gobernador consta de $131,322,000, lo que significa un 17% menos de partida asignada para gastos y funcionamiento de El Capitolio.

Tras conocer del recorte, el presidente del Senado y de la Cámara, Thomas Rivera Schatz y Carlos 'Johnny' Méndez, respectivamente, aseguraron que la reducción es acorde con la situación fiscal que vive el país y que fue una pactada en conjunto con el Primer Ejecutivo.

Este es un discurso muy distinto al que se les escuchó a principios de cuatrienio, cuando el presidente de la Junta de Control Fiscal, José B. Carrión III les hizo un llamado a realizar recortes proporcionales al resto del gobierno por la situación fiscal del país.

En esta línea, cuandoel presidente de la JCF dijo que no descartaba extender su inherencia al poder legislativo por el millonario gasto en contratos en El Capitolio, provocó un fuego cruzado con el presidente senatorial.

'La Junta le cuesta más a Puerto Rico que la legislatura', dijo en aquel momento Rivera Schatz.

'Nosotros hemos tomado las medidas necesarias para mantener un control fiscal adecuado así que no veo necesaria cualquier intervención de la Junta, aparte de que en términos legales ellos no tienen inherencia sobre la Legislatura. Solo sobre el ejecutivo, las corporaciones que establece la ley. Así que no tenemos ningún problema con eso', dijo por su parte en febrero el presidente cameral a preguntas de periodistas.

Desde enero, el gasto desmedido en contratos de servicios profesionales a exfuncionarios y candidatos políticos derrotados despertó una batalla entre el liderato legislativo y el presidente de la JCF, José B. Carrión III, por el organismo rector recomendar prudencia en el gasto público a La Legislatura.

Varias cartas enviadas en ese entonces por Carrión III alertaban a la Administración Rosselló del poder del organismo rector de revisar la legislación aprobada y le dijo a la Legislatura que ese cuerpo no está exento del requisito de reducir la contratación lo más posible, lo más rápido posible.

'Hemos llamado para que efectúen recortes proporcionales en la Legislatura a la luz de la situación que nuestra gente y la Rama Ejecutiva está confrontando. Le preguntamos a la Legislatura y a la (Rama) Judicial para participar. No creo que fue particularmente bien recibida en el Senado puertorriqueño, pero en todo evento sí hemos pedido eso', aceptaba Carrión III en marzo.

El presupuesto consolidado recomendado para la Asamblea Legislativa para el año fiscal 2017-2018 asciende a $131,322,000. Los recursos incluyen $84,275,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y otros $47,047,000 de Asignaciones Especiales.

'Los gastos de funcionamiento permitirán el cumplimiento con los deberes ministeriales de la Asamblea Legislativa, cónsono con la aplicación de la política pública establecida en los Boletines Administrativos Núm. OE201701, OE 201709 y el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera creada bajo PROMESA', reza el documento de presupuesto recomendado.