El municipio de Cabo Rojo podrá declarar un estado de emergencia Ffscal y tomar medidas imprescindibles para estabilizar sus finanzas para viabilizar la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2017-2018, en virtud de una Resolución aprobada por la Legislatura Municipal.

'Los recaudos del Municipio han sufrido una disminución considerable por la eliminación del 0.5% del IVU (Impuesto de Ventas y Uso) Municipal, la reducción a la aportación del Gobierno Central para el Bono de Navidad, equivalente a $154,250.00; la creación de la entidad COFIM (Corporación para el Financiamiento Municipal), con un balance negativo de $556,184.00; y un impacto adicional a ingresos provenientes del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), estimados en $1,539.080.71', explicó el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz.

A la situación fiscal del ayuntamiento se suma que el gobierno central aumentó las obligaciones municipales mediante la aprobación de leyes,como la aportación al Retiro de Empleados Municipales de 9.275% hasta 16.775%, representando un aumento de $340,024.00, y que continuarán ascendiendo cada año hasta llegar a un 21%.

Además de la aportación del Municipio a Pensionados (COLA) ascendente a $235,632.00, la Aportación Adicional Uniforme de $984,731.00, y la porción eliminada del CELI (Contribución en Lugar de Impuestos) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que representa $473,045.00.

El Primer Ejecutivo caborrojeño sostuvo que las partidas antes mencionadas tienen un impacto adverso de $4,771,785.17. Además, la Ley 154 de 2013 establece que el presupuesto de cada municipio no podrá exceder los ingresos certificados en el informe de auditoría externa (Single Audit) correspondiente al año natural anterior, en las partidas de ingresos provenientes de patentes e IVU, licencias y permisos misceláneos.

De igual modo, se debe considerar el estancamiento de la industria de bienes raíces que afecta los ingresos municipales, particularmente en patentes y arbitrios de construcción; las restricciones que establece la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; así como la disminución en la población lo cual incide adversamente en la economía al reducirse la base contributiva y los recaudos en general.

El Alcalde informó que la Ordenanza Municipal dispone, además, que la Directora de Finanzas tendrá el deber de estructurar y establecer un sistema para evaluar las medidas que se implanten y determinar si las mismas han cumplido o no su cometido para prolongar su vigencia o descontinuarlas.