El Congreso de Estados Unidos regresa esta semana al trabajo tras un largo receso estival y con una nutrida lista de asuntos pendientes, especialmente aprobar los presupuestos para el próximo año fiscal, y llegar a un acuerdo para atajar el virus del Zika en el país.

En Estados Unidos y sus territorios, sobre todo Puerto Rico, hay más de 10,000 casos reportados de Zika, entre ellos 1,220 mujeres embarazadas con infecciones confirmadas por laboratorio.

Muchos de los casos fueron importados desde otros países, pero la transmisión local ya ha empezado a hacer mella en Florida con la llegada del verano, por lo que muchos congresistas de los estados afectados llamaron a cancelar el receso vacacional para volver a la actividad legislativa e inyectar financiación.

'El virus Zika exige una acción inmediata federal y voy a convencer a los miembros del Congreso de la urgencia de proteger a nuestros residentes y visitantes', dijo el Gobernador de Florida, el republicano Scott Walker, hace unos días en referencia al regreso de los legisladores al trabajo.

El Congreso se fue de vacaciones a finales de julio sin aprobar un paquete de 1,100 millones de dólares para combatir el virus Zika, una cantidad que la Casa Blanca veía con buenos ojos, pese a haber solicitado 800 millones más, pero que finalmente los demócratas rechazaron al incluirse en el texto otras disposiciones.

En la legislación para los fondos planteada por los republicanos se añadieron enmiendas que los demócratas se negaron a siquiera considerar, como una relativa a la retirada de fondos para clínicas de planificación familiar.

Por otra parte, los congresistas también tienen pendiente a partir de mañana concluir las negociaciones sobre los presupuestos para el siguiente año fiscal, que comienza el 1 de octubre, y en los que además deben detallarse las dotaciones a países terceros, como la partida para Centroamérica o la destinada al proceso de paz colombiano.

La cantidad destinada a defensa desempeñará un papel importante en cualquier acuerdo sobre el presupuesto, pero hay una diferencia de 18.000 millones de dólares entre lo que el Senado y la Administración quieren, y el plan aprobado por la Cámara.

El plan de la Cámara Baja regresa a los niveles de presupuesto acordados en 2015, pero allana el camino para los presupuestos extraordinarios por motivos de guerra, una táctica para forzar al próximo presidente a pedir al Congreso un gasto de defensa suplementario.

Mientras tanto, el Senado sigue sin confirmar, ni siquiera considerar, al nominado por el presidente Barack Obama para ocupar el asiento vacante que dejó el fallecido Antonin Scalia en la Corte Suprema el pasado febrero, Merrick Garland.

Los republicanos, que controlan ambas cámaras del Legislativo, han insistido en que deberá ser el próximo mandatario que llegue a la Casa Blanca quien escoja al candidato a formar parte del máximo tribunal, desoyendo así la nominación de Obama y batiendo récords sobre el tiempo que ha tardado en confirmarse un aspirante al puesto.

Asimismo, las recientes y devastadoras inundaciones que han azotado el estado de Luisiana, que han causado más de una docena de muertos y miles de evacuados, pueden requerir también la acción del Capitolio.

Tanto desde las autoridades federales como estatales se instó también a que los congresistas volvieran al trabajo al considerar que los fondos dotados por las agencias el Gobierno no han sido suficientes para paliar los daños sufridos por las comunidades afectadas.

Otros de los asuntos pendientes para los legisladores reposan en el debate sobre nuevas medidas contra la violencia armada, tras innumerables fracasos para llegar a un acuerdo, y una nueva estrategia para atajar la crisis que vive EEUU con el abuso de opiáceos.