No solo adoptó mayores medidas restrictivas contra el covid-19, que entrarían en vigor hoy, la Asociación de Alcaldes aprobó una orden ejecutiva municipal que lanza un zarpazo al proceso de vacunación masivo, que capitanea el Departamento de Salud, y que -de paso- choca con áreas de jurisdicción del Gobierno central.

A menos de 24 horas de que el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, anunció una enmienda a la Orden Ejecutiva vigente para recortar a un 30% la capacidad de operación de todos los negocios y actividades que se celebren en espacios cerrados, el líder de los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, anunció la puesta en vigor de una orden ejecutiva municipal que ordenaba el cierre de playas, balnearios, cayos e islotes y vedaba las dispensas o permisos para actividades sociales ante el repunte del covid-19.

Ambas medidas, según el abogado Frank Torres Viada, chocan con la política pública que impulsa la administración de Pierluisi Urrutia, cuya directriz permite disfrutar de las playas, balnearios, marinas y cuerpos de agua siempre y cuando se sigan las medidas cautelares de uso de mascarilla y distanciamiento físico y sin aglomeraciones. Solo prohíbe el consumo de alcohol en estos espacios públicos. Esa directriz también permite las reuniones familiares o actividades sociales con dispensa.

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La enmienda a la Orden Ejecutiva también entrará en vigor a partir de hoy.

Al analizar estos conflictos, Torres Viada indicó a NotiCel que la orden ejecutiva municipal “adolece de amplitud excesiva” y excede el ámbito de la jurisdicción municipal.

Explicó, por ejemplo, la jurisdicción de los cayos, islotes y la zona marítimo terrestre corresponde al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El Departamento de Recreación y Deportes, bajo el programa de Parques Nacionales también administra los balnearios.

No se trata solo de jurisdicción, el anuncio del cierre de playas y balnearios cayó como un balde de agua fría.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Coalición Científica, Daniel Colón Ramos, promovió el uso de estos espacios abiertos y de contacto con la naturaleza -sin aglomeraciones- como una medida de recreación necesaria en tiempos en la pandemia.

El propio Pierluisi Urrutia, en declaraciones escritas a Noticel, reiteró su oposición al cierre de las playas.

“Dado que no hay una correlación de casos con la asistencia a la playas y las mismas sirven para el esparcimiento de nuestra gente, no estoy de acuerdo con el cierre, salvo que haya aglomeraciones que de por sí están prohibidas en la Orden”, apuntó.

"He pedido cooperación de todo nuestro pueblo para atajar el repunte de casos de covid-19, y eso incluye a los alcaldes. Espero que se concentren en cooperar con la fiscalización del cumplimiento de la Orden Ejecutiva según enmendada ayer (jueves). Las preocupaciones que expresan todos están atendidas en el anuncio que se hizo, incluyendo exigir la prueba molecular negativa a los viajeros y eliminar la opción de cuarentena voluntaria sin prueba”, agregó.

Ante la lluvia de críticas que recibió la "directriz", en la noche Hernández Ortiz aseguró a través de su cuenta de Twitter que se trataba de "una recomendación al Gobierno como muchas". Pero el inciso J de la resolución aprobada y circulada a la prensa establecía claramente el "cierre de playas, balnearios, cayos e islotes".

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Para evitar las aglomeraciones durante los encuentros familiares y eventos sociales, la Orden Ejecutiva del gobierno central estableció un sistema de dispensas a través de la Oficina de la Secretaria de la Gobernación. Hasta el jueves, la oficina había recibido 2,500 peticiones para la celebración de cumpleaños, ‘baby showers’, eventos corporativos y atléticos, pero había otorgado unas 450 autorizaciones para fiestas o reuniones.

“Ahí habría un conflicto entre la política pública del manejo de la crisis del Gobierno estatal y la política pública de los municipios que pudiera culminar en los tribunales. Como regla general prevalece la política pública del Gobierno, a menos que no sea un caso de injerencia municipal”, apuntaló Torres Viada.

La directriz municipal

Aprobada de manera unánime por los 41 alcaldes del PPD, la directriz municipal consignó la falta de precisión en los datos de la vacunación que recopila el Departamento de Salud. La agencia reconoció el atraso en la entrada manual de datos a los sistemas de monitoreo y vigilancia. Ese retraso provoca una discrepancia entre los datos que publica la agencia en su portal y las estadísticas que ofrecen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Por eso, Salud estableció un centro de datos o “VacuCenter” en el Centro de Convenciones en Santurce. Pero el problema persiste.

El jueves, al anunciar el ajuste a su Orden Ejecutiva y mencionar el avance del proceso de inoculación masivo, Pierliusi Urrutia citó estadísticas federales. “Los informes del gobierno federal establecen que hasta ayer (miércoles) se habían administrado 1,858,586 vacunas de las cuales 1,204,2259 corresponden a la primera dosis y 648,894 con dosis completadas”, apuntó en el parte de prensa.

Ayer, la orden ejecutiva municipal utilizó datos del portal de Salud para contrastar las cifras oficiales utilizadas por el Gobernador y justificar los cambios adoptados a nivel de los ayuntamientos para tratar de frenar el repunte del covid-19 en la Isla.

“La información oficial del portal del Departamento de Salud indica que en Puerto Rico se han vacunado 1,290,459”, indicó la orden municipal.

“Existe una incertidumbre de la cantidad de vacunas que se administran en Puerto Rico por municipios”, agregó.

En declaraciones escritas, Hernández Ortiz señaló que los alcaldes y alcaldesas rojos optaron por aprobar su propia orden uniforme por la timidez de la Orden Ejecutiva, que solo acogió una de las ocho propuestas que realizó la Coalición Científica, que asesora al Gobernador durante la pandemia.

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Insistió en que el aumento en los contagios, las hospitalizaciones, el índice de positividad de contagios, la aparición de nuevas variantes del coronavirus y el relajamiento de las medidas de prevención obligaban a reforzar la batalla contra el peligroso virus.

Ayer, el Departamento de Salud reportó tres muertes por covid-19 y 2,132 casos nuevos de de contagios. Documentó 447 personas hospitalizadas y 36 casos pediátricos. El informe diario detalló que había 94 adultos en cuidado intensivo y 60 en ventilador. Otros cinco menores de edad se encontraban en cuidado intensivo y tres en ventilador.

Además, 64 de los 78 municipios se encuentran en un nivel alto de transmisión.

En la Isla, también se han detectado siete variantes del SARS-CoV-2, el virus que causa el coronavirus, que comenzaron a propagarse en la Isla mediante transmisión comunitaria. Ya hay presencia de la variante de Suráfrica (B.1.351), variante Británica (B.1.1.7) las variantes de California (B.1.429 y B.1.427), la variante de Brasil (P.2), una cepa identificada en Nueva York (B.1.526) y su mutación (B.1.526.1).

“Aunque agradecemos el que el Gobernador haya acogido algunas de las recomendaciones que la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico emitió ayer (jueves), entendemos debe haber mayor restricción en los aeropuertos, playas, ríos, balnearios, reforzar la fiscalización de la Orden Ejecutiva, y ampliar los horarios y realización tanto de vacunas como de pruebas de covid-19”, precisó el Ejecutivo Municipal.

Como el Gobernador, convocó a la ciudadanía a seguir las medidas de prevención, que exigen el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico.

Esta orden municipal, que solo tendrá una vigencia de dos semanas, adoptó varias recomendaciones de la Coalición Científica como requerir que los “empleados municipales y de oficinas de gobierno deben moverse a modalidad virtual en aquellas labores no esenciales”.

Ordenó la cancelación de las actividades municipales y el uso de espacios públicos y comunales, que propicien la aglomeración de personas, pero la Orden Ejecutiva ya prohíbe las aglomeraciones.

También exigió al Gobierno estatal el comienzo de una campaña de vacunación masiva sin límite de hora (24/7), garantizando una distribución equitativa de vacunas en cada municipio. Acogió también la directriz del Gobernador para reducir el aforo de los negocios a un 30%.

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En la orden, los alcaldes rojos reclamaron al Gobierno estatal la regulación de la entrada de viajeros al País condicionado a una prueba negativa molecular. Pero este requisito para entrar a la Isla está vigente desde julio del año pasado. Los pasajeros deben presentar el resultado de una prueba molecular realizada 72 horas antes de plantar pie en la Isla.

Además, Pierluisi Urrutia ayer promulgó una nueva Orden Ejecutiva, acogiendo otra recomendación de la Coalición Científica, que establece que los viajeros que lleguen a la Isla sin la prueba negativa tendrán un periodo de 48 horas para completar el trámite sino se exponen a multas y sanciones.

Los alcaldes azules

El presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero, reconoció la facultad de los alcaldes y alcaldesas para adoptar medidas para detener la cadena de transmisión del virus, pero no abogó por la elaboración de una política pública municipal paralela con las medidas impuestas por el líder de su partido.

“Los alcaldes tienen la potestad de implantar las medidas que entiendan necesarias para controlar el contagio de covid-19. Cada municipio tiene sus necesidades y condiciones particulares. A modo de ejemplo, los municipios de la montaña tienen necesidades y situaciones distintas a los municipios costeros. La Federación de Alcaldes recomienda dar cumplimiento a la orden ejecutiva del Gobernador y no impone criterios a los alcaldes federados sobre cómo deben proceder”, apuntó el también alcalde de Guaynabo.

“No obstante, estoy solicitando al Gobernador que si por alguna razón, algún alcalde entiende que debe cerrar sus playas o marinas, pueda pedir al Gobierno estatal la autorización para hacerlo en su municipio. Esta es una recomendación que le hago a los alcaldes. Cada alcalde debe tomar las determinaciones de acuerdo a las condiciones existentes en su municipio. Al mismo tiempo, continuamos los esfuerzos de vacunación, la realización de pruebas, el rastreo de contactos y la educación a la población sobre las medidas que debe tomar cada individuo para prevenir el contagio”, agregó.

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Torres Viada señaló que esta solicitud de autorización podría constituir un reconocimiento a la ausencia de jurisdicción sobre las playas.

La Sultana del Oeste

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, que se desafilió de la Asociación de Alcaldes, instó a la ciudadanía a no bajar la guardia ante el incremento sostenido de contagios y hospitalizaciones por covid-19.

También elogió el sistema de rastreo y vigilancia del ayuntamiento, que dirige la epidemióloga Yadira Guilloty.

“El Municipio ha suspendido todas sus actividades este fin de semana y se prepara para volver a incorporar una fumigación masiva, en las áreas donde mayor concentrada esta la población”, indicó un parte de prensa escrito en tercera persona y donde solo se cita a la epidemióloga.