Realizó pagos en exceso por un total de $42,328,911 que incluyen gastos sin justificación y horas en exceso facturadas por consultores.

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) publicó un informe con los resultados de un examen en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), en el que se detallan deficiencias en la gestión de contratos, sistemas de control interno, operación de peajes y vulnerabilidades cibernéticas, con costos cuestionados que ascienden a $61.4 millones.

Según el informe, la ACT realizó pagos en exceso por un total de $42,328,911 que incluyen gastos sin justificación contractual y horas en exceso facturadas por consultores fuera del alcance original de los contratos. También se cuestionaron facturas por $357,500 correspondientes a servicios no completados. Además, las contribuciones y retenciones requeridas que no fueron realizadas a los contratistas ascienden a $6,104,468, mientras que los ingresos no percibidos debido a fallas en el sistema de peaje se estiman en $12,633,603.

La OIG detalló que los contratos evaluados carecían de las cláusulas esenciales requeridas por ley, como la cuantía máxima o las condiciones presupuestarias necesarias para garantizar un control fiscal adecuado.

Este incumplimiento afecta la capacidad de la ACT para fiscalizar de manera efectiva los desembolsos realizados bajo dichos contratos y pone en riesgo la legalidad de los acuerdos establecidos. Asimismo, se identificaron retrasos significativos en el registro y remisión de contratos a la Oficina del Contralor, con demoras que oscilaron entre 28 y 886 días, contraviniendo la reglamentación vigente.

Además, la OIG descubrió la deficiencia en el sistema de tarifas dinámicas de peaje, que opera con datos predeterminados en lugar de información en tiempo real. Esto limita la funcionalidad del sistema para descongestionar el tránsito vehicular en las autopistas principales y afecta la capacidad de los usuarios para tomar decisiones informadas sobre el uso de los carriles expreso. Además, evidencia una falta de implementación de tecnologías actualizadas por parte de la ACT.

En su informe la OIG también destacó un ciberataque ocurrido el 16 de abril de 2022, donde un ransomware comprometió los sistemas centrales del AutoExpreso. Aunque las operaciones en los carriles continuaron funcionando y no se detectó acceso a información personal, el ataque evidenció vulnerabilidades en la infraestructura de ciberseguridad de la ACT.

Para abordar estas deficiencias, la OIG emitió una serie de recomendaciones, como la actualización inmediata de las políticas internas de la ACT, el fortalecimiento de los controles en la gestión de contratos y la validación de facturas. Además, se recomendó priorizar la modernización del sistema electrónico de cobro de peajes e implementar medidas de seguridad robustas para garantizar la protección de los sistemas tecnológicos y la continuidad operacional.

Vea el informe: