La propuesta nace en respuesta a las estadísticas que muestran que cerca del 40% de las fatalidades involucran a chófer con niveles altos de alcohol en la sangre.

El director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), Noé Marcano Rivera, exhortó a la Cámara de Representantes y al Senado de Puerto Rico a reconsiderar el proyecto presentado que propone aumentar el costo de la póliza para los conductores convictos por manejar bajo los efectos del alcohol.

La medida, sometida ante la consideración del cuerpo legislativo en el 2022 y que no contó con los votos necesarios, buscaba establecer una prima distinta por un plazo de cinco años consecutivos para las tablillas de vehículos de motor y licencias de conducir que tienen reportado en su historial un accidente en el que su conductor fue declarado culpable por los delitos dispuestos en el Artículo 7.04 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.

Esto con el propósito de establecer dicha pena especial para toda persona que sea sentenciada por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas.

Dicha propuesta nace en respuesta a las preocupantes estadísticas que muestran que cerca del 40% de las fatalidades en accidentes de tránsito involucran a conductores con niveles altos de alcohol en la sangre. De estos casos, el 69% excede el límite legal de .08%.

"Debemos abordar esta problemática desde todos los ángulos posibles. No podemos permitir que nuestros jóvenes sigan perdiendo la vida en las carreteras por conductores negligentes. Hemos presentado soluciones viables a la Legislatura para minimizar estos riesgos y promover la seguridad vial", expresó Marcano Rivera.

Este proyecto se suma a otros esfuerzos de la ACAA para concienciar a los conductores sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y prevenir los accidentes relacionados con la embriaguez mediante campañas y charlas educativas a la población.

Actualmente, aunque la medida no obtuvo el respaldo legislativo necesario, la ACAA sigue aplicando estrictamente las disposiciones de exclusión y recobro contenidas en la Ley 111-2020. Según la normativa vigente, los conductores ebrios involucrados en accidentes deben cubrir los costos de los servicios médico hospitalarios recibidos, además de enfrentar gravámenes sobre sus vehículos y licencias de conducir.

Marcano Rivera enfatizó que este tipo de iniciativas es fundamental para proteger vidas en las carreteras de Puerto Rico y fomentar una cultura vial responsable.

“En ACAA estamos haciendo nuestra parte y confiamos que el cuerpo legislativo hará lo propio”, concluyó el funcionario.

Historia relacionada: Administrador Fondo de Seguro del Estado admite empleados de mantenimiento tramitan casos