El incumplimiento de esta Ley redujo en $59 millones el presupuesto asignado a la institución, que a raíz de los recortes durante el pasado año fiscal, vivió un escenario con efectos nefastos para; la infraestructura, el reclutamiento de personal de apoyo al servicio estudiantil y de apoyo al sistema operacional de la institución, según alegaron.

La Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico, compuesta por representación estudiantil, claustral y administrativa, en su primera reunión ordinaria del 11 de septiembre de 2024, reclamó a la Junta de Supervisión Fiscal el cumplimiento de la Ley Núm. 92 del 2024, que asigna un presupuesto operacional de $500 millones al sistema universitario.

El incumplimiento de esta Ley redujo en $59 millones el presupuesto asignado a la institución, que según el estado de derecho corresponden para este año fiscal 2024-2025.

En una certificación, la Junta Universitaria, el cuerpo de mayor representatividad de la comunidad Universitaria, expone que la “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”, también conocida como Ley Núm. 53 de 26 de octubre de 2021, dispuso una aportación total a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de $500 millones.

Sin embargo, la interpretación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) fue que solo $441 millones, se destinarían a la gestión operacional de la institución y los $59 millones restantes, para uso restricto para resoluciones conjuntas o asignaciones especiales tales como : servicios de salud que se brindan al país a través de internos y médicos residentes, la Red Sísmica de Puerto Rico, adiestramientos a empleados públicos, adiestramientos a maestros y directores escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico, entre otros.

En mayo de 2024, tanto la Junta de Gobierno como la Administración de la UPR, impulsaron en la Legislatura el Proyecto de la Cámara 2002, a los fines de aclarar la intención del Artículo 105 de la Ley Núm. 53 de 2021 y establecer que serán $500 millones para la operación del sistema universitario. Estos esfuerzos vieron su fruto en junio de 2024, cuando el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó el proyecto legislativo que se convirtió en la Ley Núm. 92 del 2024.

Sin embargo y pese a este gran esfuerzo universitario, la Junta de Supervisión y Administración Financiera, ambos Cuerpos Legislativos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), hicieron caso omiso de esta Ley asignando nuevamente $441 millones provenientes del Fondo General, limitando una vez más el presupuesto operacional del principal centro docente del país.

"La UPR necesita esos fondos para poder mantener un presupuesto operacional balanceado incluyendo atender proyectos críticos de mantenimiento diferido como resultado de los recortes que ya ha sufrido la institución en su presupuesto y realizar la aportación patronal al sistema de retiro de la UPR. Por otro lado, la UPR a pesar de los recortes que ha sufrido ha mantenido su responsabilidad fiscal manteniendo una operación presupuestaria balanceada incluyendo mantener al día el pago de su deuda pública la cual asciende a menos de $300 millones. El no asignar al menos los $500 millones al presupuesto de la UPR este año ocasiona un déficit estructural de alrededor de $63 millones en la UPR. Pero no se puede perder de perspectiva que aún con los $500 millones garantizados, el mantener una operación óptima es todo un reto, cuando se toma en cuenta el aumento inflacionario continuo en cosas claves como las utilidades, y la necesidad de que haya justicia salarial para los empleados”, dijo el doctor Miguel Vélez Rubio, Rector del Recinto de Bayamón

Por su parte el doctor Rafael Méndez Tejeda, representante de los claustrales en la Junta Universitaria de UPR dijo que, "es necesario rescatar la institución del panorama tétrico al que ha sido sometida durante los últimos años como consecuencia de los recortes masivos y aumentos desmedidos. Llegó el momento de invertir en el futuro defendiendo el presente: la Universidad de Puerto Rico. Exigimos que la Junta Fiscal, la Asamblea Legislativa y la OGP vayan más allá de pronunciamientos vacíos y palabras bonitas y con sus acciones de cumplimiento con la Ley 92 del 2024 validen sus expresiones sobre la importancia para el futuro desarrollo del país devolviendo a la UPR los $59 millones recortados al presupuesto que recién aprobaron. Llegó el momento de invertir en el futuro defendiendo el presente: la Universidad de Puerto Rico”.

A raíz de los recortes, la Universidad de Puerto Rico, durante el pasado año fiscal, vivió un escenario con efectos nefastos para; la infraestructura, el reclutamiento de personal de apoyo al servicio estudiantil y de apoyo al sistema operacional de la institución.

"Estamos convencidos que la UPR ha aportado en el desarrollo cultural, educativo y socioeconómico de manera consistente e ininterrumpida al pueblo puertorriqueño por más de 120 años. Es momento de reivindicar su rumbo y proponer acciones afirmativas que redunden en el cumplimiento cabal de la misión de nuestra adorada alma máter", expresó Sebastián Segarra, representante estudiantil.

La Junta Universitaria confía en que el cuerpo fiscal entienda la importancia que tiene la UPR para el país. La Universidad de Puerto Rico, es la única institución pública en la isla que ofrece un cuerpo docente de excelencia, personal comprometido y un estudiantado altamente capacitado, todo enfocado en preparar a los futuros profesionales que son los que contribuyen al desarrollo y bienestar de Puerto Rico. La misión es formar líderes que transformen a Puerto Rico y más allá, consolidar el rol como pilar fundamental en el avance educativo y social del país.