Sostiene que se trata de una interferencia indebida en las operaciones del Negociado de Energía.

La Junta de Supervisión Fiscal anunció hoy que ha presentado un pleito legal ante el tribunal federal para anular la Ley 10-2024, que supuestamente impide que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) opere libre de interferencia política.

Esta es la ley que también ordena la posposición de un estudio sobre las tarifas de medición neta. La Junta fiscal sostiene que se trata de un paso político dirigido a interferir con las funciones del NEPR, pero el gobierno plantea que busca mantener intactas las tarifas que se pagan a los llamados prosumidores por la energía que suplen al sistema eléctrico.

La Junta estaba amenazan al gobierno sobre una posible demanda para impugnar la ley desde abril.

En días recientes y preguntado sobre la pugna con la Junta sobre la Ley 10-2024, el gobernador Pedro Pierluisi le dijo a la prensa que habían conversaciones sobre el tema entre el ente fiscal y su gobierno. Entre otras cosas, la Junta ha criticado que la tarifa actual que se le paga a los prosumidores, que son ciudadanos que suplen energía al sistema eléctrico del sobrante que generan en sus sistemas de energía renovable, es muy alta y deja en indefensión ante el pago de la deuda de la AEE a los ciudadanos que no tienen estos sistemas.

“La independencia del NEPR es un elemento clave de la transformación del sistema eléctrico. La Ley 10 mina la autonomía del NEPR y, al hacerlo, descarta el expertise del NEPR para servir intereses especiales. El propósito de esta acción la Junta de Supervisión es restaurar la capacidad del NEPR de regular el sistema de energía de Puerto Rico como lo entienda apropiado”, lee el comunicado de la Junta.

“El gobierno de Puerto Rico creó y fortaleció el NEPR para supervisar el sistema de energía luego de años de malos manejos políticos que dieron paso a la bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica y dejó a Puerto Rico con un sistema eléctrico dilapidado”, indicó el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica. “Crear el NEPR fue la decisión correcta”.

La Junta insistió en que la demanda contra el gobierno no tiene el fin de eliminar la medición neta ni busca imponer un cargo sobre el programa de medición neta. Por el contrario, según el organismo fiscal, lo que busca es remover “las restricciones políticas peligrosas y corrosivas” impuestas sobre el NEPR que supuestamente amenazan la capacidad del NEPR.

“Anular la Ley 10 no cambiará los términos a que han llegado con los clientes de la AEE que ya tienen paneles solares instalados”, indicó la Junta.

La controversia gira en torno a la Ley 10-2024, un estatuto firmado en enero por el gobernador Pierluisi Urrutia que impide al NEPR realizar cambios a las políticas de medición neta y de distribución de energía hasta por lo menos el 2031. Lo que está detrás de la ley, o por lo menos esa es la intención legislativa, es impedir que la JSF reduzca los créditos que actualmente reciben los ciudadanos que tienen placas solares en sus techos y le venden el exceso de la energía producida a la AEE.

La Ley 10-2024 también impide, según la JSF, que el NEPR haga un estudio sobre medición neta. No obstante, ha trascendido que el NEPR ha contratado a la empresa Keylogic Systems, para hacer el estudio.

Reacciona Pierluisi

El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que su gobierno analizará la demanda.

“El gobierno de Puerto Rico estará analizando el recurso legal presentado en el día de hoy por la Junta de Supervisión y responderá. A fin de cuentas, lo importante es que continuemos incentivando la instalación de placas solares y baterías por todo Puerto Rico. Eso no solo reducirá el costo de la electricidad, sino agilizará la transformación del sistema energético en la isla. Durante mi gobierno he sido consistente en apoyar la conversión a energía renovable, particularmente el uso de las placas solares y baterías, tanto en residencias como en negocios por todo Puerto Rico”, gobernador Pierluisi.