La Junta de Supervisión Fiscal le había dado hasta hoy para que reaccionaran al rechazo de una ley que aumentaba el salario mínimo de estos trabajadores a $12 la hora.

La secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, anunció que la agencia sometió un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para la plantilla de Comedores Escolares ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Con dicha acción, se solicitó una asignación de $20.4 millones para beneficiar a 3,926 empleados.

“El nuevo Plan busca que nuestro programa de Comedores Escolares sea competitivo en términos de compensación. Son empleados fundamentales, no solo en la alimentación de nuestros estudiantes, sino también en situaciones de emergencia. Además, este nuevo plan tiene como objetivo atraer, motivar y retener a los mejores recursos en nuestros comedores”, detalló la titular del DEPR.

Por su parte, la directora de la Autoridad Escolar de Alimentos, Franchesca Reyes, explicó que la revisión de las escalas salariales se llevó a cabo mediante la contratación de la firma Target Team, quienes trabajaron en la clasificación de los puestos docentes del DEPR, comenzando con la división de Comedores Escolares. “Se revisaron y actualizaron las descripciones de puestos y todas las funciones para asegurarnos de que cada empleado tuviera una clasificación correcta, según las funciones que ejecuta en la actualidad. También se identificaron puestos críticos, se estableció una descripción de los deberes para los nuevos puestos creados y se realizó una comparación y análisis respecto al mercado”, concluyó.

Hay un total de 65 clases evaluadas en el plan para la unidad de Comedores, y la asignación salarial se presenta mediante una estructura de 21 escalas.

La implementación del Plan de Clasificación y Retribución impactará a un total de 3,926 empleados de la división de Comedores Escolares, con efectividad al 11 de enero de 2024, lo que representa una asignación de fondos recurrentes ascendente a $20.4 millones.

Asimismo, la Autoridad Escolar de Alimentos ha comenzado a reemplazar la flota vehicular de todas sus regiones para garantizar más agilidad en los servicios a los comedores escolares de cara al inicio de clases en agosto, para lo que ha invertido cerca de $5 millones de fondos federales.

Recientemente la JSF rechazó una ley que elevaría el salario base de los empleados de comedores escolares a $12 ya que choca con la Ley PROMESA, tiene un impacto fiscal anual de $21 millones sin que se identifique su fuente de financiamiento y, por lo tanto, se reservaría el derecho a retar su implementación en el tribunal federal.

También le dio un plazo al gobierno hasta el 16 de julio para que respondieran a sus preocupaciones sobre la medida.

En una carta del 3 de julio el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, advierte que la manera en que se ha atendido, mediante ley, el aumento salarial a estos trabajadores no va acorde con el Plan de Clasificación y Retribución que todavía se confecciona para el Departamento de Educación.

Ese plan, según Mujica, tiene que estar fundamentado en un estudio de mercado, entre otras fuentes de información.

“Cualquier ajuste a los salarios base del personal que trabaja en la División de Comedores Escolares tiene que tomar en consideración las revisiones del Plan de Clasificación y Retribución. Al asegurarnos que los ajustes salariales estén alineados con la metodología de la Reforma de Servicios Público y dentro del contexto de la revisión del Plan de Clasificación y Retribución resultará en salarios competitivos, equitativos y fiscalmente responsables, basados en datos de mercado de empleados de cafetería… al igual que otros empleados del Departamento de Educación”, sostuvo Mujica.

Según la JSF, el gobierno no explicó cómo llegó al cálculo de impacto fiscal de $21 millones.

“Tomen nota que la JSF se reserva todos los derechos para tomar las acciones que sean necesarias, incluyendo solicitar remedios que eviten la implementación y ejecución de la Ley 41, además de lograr que la ley sea anulada acorde con PROMESA”, finalizó Mujica.