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Gobierno

La Junta rechaza ley que eleva el salario base de los empleados de comedores escolares

El estatuto tiene un impacto fiscal de $21 millones y no se identifica su fuente de financiamiento. La Junta también recuerda que el tema es atendido como parte del Plan de Clasificación Retribución del Departamento de Educación.

La ley elevaría el salario mínimo de estos trabajadores a $12 la hora.
Foto: Juan R. Costa

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha advertido al gobierno que la ley que eleva el salario base de los empleados de comedores escolares a $12 choca con la Ley PROMESA, tiene un impacto fiscal anual de $21 millones sin que se identifique su fuente de financiamiento y, por lo tanto, se reserva el derecho a retar su implementación en el tribunal federal.

También le ha dado un plazo al gobierno hasta el 16 de julio para que respondan a sus preocupaciones sobre la medida.

En una carta del 3 de julio el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, advierte que la manera en que se ha atendido, mediante ley, el aumento salarial a estos trabajadores no va acorde con el Plan de Clasificación y Retribución que todavía se confecciona para el Departamento de Educación.

Ese plan, según Mujica, tiene que estar fundamentado en un estudio de mercado, entre otras fuentes de información.

“Cualquier ajuste a los salarios base del personal que trabaja en la División de Comedores Escolares tiene que tomar en consideración las revisiones del Plan de Clasificación y Retribución. Al asegurarnos que los ajustes salariales estén alineados con la metodología de la Reforma de Servicios Público y dentro del contexto de la revisión del Plan de Clasificación y Retribución resultará en salarios competitivos, equitativos y fiscalmente responsables, basados en datos de mercado de empleados de cafetería… al igual que otros empleados del Departamento de Educación”, sostuvo Mujica.

Según la JSF, el gobierno no explicó cómo llegó al cálculo de impacto fiscal de $21 millones.

“Tomen nota que la JSF se reserva todos los derechos para tomar las acciones que sean necesarias, incluyendo solicitar remedios que eviten la implementación y ejecución de la Ley 41, además de lograr que la ley sea anulada acorde con PROMESA”, finalizó Mujica.