La Unidad de Control de Fraude al Medicaid acusó a un médico, un laboratorio y su administrador por reclamaciones falsas y fraudulentas, apropiación ilegal de fondos públicos.

El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli Hernández, informó que, por primera vez, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU), se unió a la iniciativa National Health Care Fraud Enforcement Action, en un esfuerzo nacional para combatir el fraude en los servicios de salud.

Como parte de la iniciativa, durante el periodo del 10 al 25 de junio, múltiples estados y territorios de los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, presentaron acusaciones contra personas sospechosas de cometer fraude al Programa Medicaid, en un esfuerzo para crear consciencia sobre estas acciones ilegales y promover un mensaje que sirva como disuasivo para detener estos delitos que afectan los servicios de salud que se brindan a personas con bajos recursos.

Esta semana, la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico, dirigida por el licenciado Luis Freire Borges, le imputó cargos a un médico, a una corporación y a su administrador por la ejecución de esquemas ilegales, por separado, mediante los cuales sometieron reclamaciones falsas al Programa Medicaid y a planes médicos. Estos lograron apropiarse de sobre $60,000 en fondos públicos.

Es la primera vez que Puerto Rico se une a este esfuerzo junto a los estados para priorizar y visibilizar el procesamiento de delitos de fraude en la atención médica, así como los casos de opioides que involucran un nexo con profesionales médicos o la industria del cuidado de la salud.

“Esta acción coordinada entre el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir el fraude en la atención médica a nivel nacional busca generar atención significativa para disuadir este tipo de delitos. De esta forma, procesamos a quienes incumplen la ley y educamos sobre las consecuencias del fraude en la atención médica y los servicios de salud”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

El primer caso fue presentado por MFCU contra la corporación Laboratorio Clínico de San Juan y su propietario y administrador, Julio Martorell González. La fiscal Brenda Rosado Aponte formuló 17 cargos contra el imputado, que incluyen apropiación ilegal de fondos públicos, apropiación ilegal de identidad y fraude al Programa del Medicaid. Mientras que la Corporación Laboratorio Clínico de San Juan enfrenta 10 cargos tras infringir los artículos 182 del Código Penal y 3.07 de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.

Según la investigación, entre los meses de agosto de 2018 a diciembre de 2022, el Laboratorio Clínico de San Juan sometió reclamaciones fraudulentas a los planes médicos: Humana Health Plan, MCS Advantage, MMM, Plan de Salud Menonita y Triple S por la cantidad de $49,119.54.

Como parte del esquema, se apropiaban de las identidades de beneficiarios del Programa de Medicaid para poder facturar y cobrar ante los planes médicos. El Laboratorio Clínico lleva más de 10 años operando en la Avenida Lomas Verdes en San Juan.

El caso surgió a raíz de un referido del Program Integrity Unit del Departamento de Salud de Puerto Rico a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico. La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal Rosado Aponte y el agente de MFCU, Ricardo Del Valle Vélez, en colaboración con agentes de la Oficina del Inspector General adscrita al Departamento de Salud federal.

La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa por todos los delitos y le impuso una fianza al imputado de $85,000. La vista preliminar fue señalada para el 28 de junio de 2024.

El segundo caso fue presentado por MFCU contra el doctor Luis Espinet García, quien fungía como dentista y proveedor del Programa Medicaid. Al dentista se le imputa someter reclamaciones falsas y fraudulentas a dicho programa.

Según esta investigación, entre los meses de noviembre de 2022 hasta mayo de 2023, Espinet García presentó reclamaciones falsas y fraudulentas a planes médicos por servicios que nunca prestó a sus pacientes, quienes eran beneficiarios del Programa Medicaid. Del mismo modo, el galeno cobraba mediante engaño a los pacientes cantidades excesivas de dinero por servicios incluidos en el Programa Medicaid. La cantidad total del fraude en este caso asciende a $11,314.43.

La fiscal Rosado Aponte formuló 44 cargos contra el imputado, que incluyen apropiación ilegal de fondos públicos, apropiación ilegal de identidad y fraude al Programa Medicaid, al amparo de los artículos 182 y 209 del Código Penal y el artículo 3.07 de la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.

El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa por todos los delitos imputados por la Fiscalía y le impuso una fianza global de $88,000. La vista preliminar fue señalada para el 8 de julio de 2024.

La investigación se originó tras un referido de MMM Healthcare a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico. La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal Rosado Aponte junto a la agente de MFCU, Gricel García Gregory.

“Con esta iniciativa visibilizamos estos delitos y destacamos el trabajo en equipo de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, así como el tipo de investigaciones que lideramos”, añadió la fiscal Brenda Rosado Aponte.

Medicaid es un programa mediante el cual el Gobierno Federal aporta ayudas a los estados y territorios para pagar los gastos médicos de ciertos grupos de personas con bajos recursos.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75% de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de $980,092 para el año fiscal federal 2023-2024. El 25% restante, que totaliza $326,693.79 para el año fiscal 2023-2024, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.