Justicia demanda a más de 30 convictos por corrupción para recuperar fondos públicos
Justicia presentó 14 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó el martes a más de treinta convictos por corrupción, en un esfuerzo sin precedentes para recuperar los fondos públicos malversados y los daños ocasionados al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias.
“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en conferencia de prensa.
El Departamento de Justicia presentó catorce demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por una cuantía total que supera los treinta millones de dólares. Entre los demandados figuran exalcaldes como Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, Abel Nazario Quiñones y José Luis Cruz Cruz, así como exlegisladores y otros funcionarios públicos.
“Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo”, añadió Emanuelli Hernández.
El Código Anticorrupción permite al Estado solicitar al tribunal órdenes provisionales para asegurar el pago de las sentencias, incluyendo embargos y prohibiciones de enajenar bienes. Esta medida se alinea con la política pública del gobernador Pedro Pierluisi para combatir la corrupción y garantizar la seguridad y justicia en la administración pública.
Además de los exfuncionarios, la demanda incluye a corporaciones como J.R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp, en un esfuerzo integral por recuperar los fondos públicos y restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.
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