El plan de demolición, que gerenciará una compañía contratada por el Municipio de Salinas, fue aprobado por el DRNA.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón informó que en la mañana del lunes comenzó la demolición de la primera estructura ilegal en el Camino del Indio en Las Mareas.

“En la mañana de hoy, tal como determinó el Tribunal de Guayama, comenzó la demolición de la propiedad del ciudadano Miguel Flores, denominada parcela 41. El Municipio de Salinas realiza el proceso con personal y equipo propio. Ya se acordó con la representación legal de Flores que el ciudadano pagará los $18,500 invertidos en la demolición. Con relación a las demás propiedades en la zona, cada caso se está viendo en los tribunales”, dijo la alcaldesa en declaraciones escritas.

El plan de demolición, que gerenciará una compañía contratada por el Municipio de Salinas y que fue aprobado por el DRNA, busca proteger de daños mayores la zona ya impactada por las contrucciones ilegales y garantizar que pueda ser reinstaurada a su estado natural. Los costos en que incurran las autoridades deben ser reembolsados por las personas que se apropiaron ilegalmente de esos terrenos del pueblo de Puerto Rico.

Personal técnico del DRNA y el Cuerpo de Vigilantes, junto a la comandancia policiaca de Guayama y el distrito de Salinas, la policía municipal de Salinas, Manejo de Emergencias estatal y municipal de Salinas, bomberos y Emergencias Médicas, estarán presentes en el sector y coordinarán la protección de las personas antes de comenzar las obras. El plan de trabajo de la Policía establece un perímetro para que los trabajos de demolición se lleven a cabo sin peligro para las personas y propiedades cercanas, prevención, control de tránsito, seguridad de los trabajadores y cumplimiento de la orden judicial.

El pasado 3 de junio el juez José D’Anglada Raffucci, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, desestimó una moción de reconsideración presentada por los alegados dueños de las estructuras en Bahía de Jobos de la sentencia del 6 de febrero de este año que determinó que esos terrenos son propiedad del DRNA. La sentencia contra una docena de invasores obligó el desalojo de esas personas, la demolición de las estructuras ilegales, su demolición y la restauración de la zona impactada a costo de los demandados por el DRNA.