“Escucharon el reclamo de los fiscales, escucharon los riesgos inherentes de nuestro trabajo y también entendieron el proceso legislativo que se siguió con las dos leyes que competen”, dijo Rivera en una entrevista en el programa Primer Round, de Magic 97.3 FM.

El presidente de la Asociación de Fiscales, Javier Rivera, dijo estar confiado que la Junta de Supervisión Fiscal finalmente autorice el incremento salarial a estos funcionarios públicos.

Ayer trascendió que a finales de mayo se dio una reunión entre este gremio, el Departamento de Justicia, representantes de los procuradores que también forman parte de la agencia y el ente fiscal.

“Escucharon el reclamo de los fiscales, escucharon los riesgos inherentes de nuestro trabajo y también entendieron el proceso legislativo que se siguió con las dos leyes que competen”, dijo Rivera en una entrevista en el programa Primer Round, de Magic 97.3 FM.

“Nos indicaron que están en el proceso de evaluación de la medida, pero nos dieron una respuesta concreta sobre la implementación de la ley”, agregó. “Nos pidieron el espacio que requiere el proceso presupuestario de estos días y nos dijeron que tienen hasta el 30 de junio para completar esa evaluación”.

En el 2023, el gobernador Pedro Pierluisi firmó la segunda de dos leyes que le honran aumentos salariales a estos profesionales. La primera ley se hizo a base de datos que desembocaron en el 2022 en un aumento “ínfimo”, según lo ha descrito Rivera en el pasado, para la mayoría de los sobre 200 fiscales con que cuenta el Departamento de Justicia.

Sin embargo, a pesar de que la agencia cuenta con el dinero para honrar el segundo aumento legislado y convertido en ley en el 2023, la JSF no ha autorizado el desembolso y tampoco ha dicho por qué no lo ha hecho.

De por medio están, según ha dicho Rivera, posibles renuncias adicionales dentro de un cuerpo de fiscales ya diezmado a razón de unas 50 vacantes. Hasta el 2022, los fiscales no recibían aumentos salariales por más de 20 años.

En estos momentos, un fiscal I gana $80,250, o sea, el 75% de $107,000.

Estos salarios palidecen, en algunos casos, con los que se puede ganar un abogado en la práctica privada.

“Nos fuimos de allí confiados. Entendieron, en el caso de los fiscales, que hay una ley aprobada y firmada por el gobernador”, dijo Rivera hoy al sostener que Justicia presentó la certificación de que tienen los $5 millones para honrar el aumento.