Se compartieron estadísticas qe eflejan el cúmulo de trabajo realizado por estos funcionarios, los casos activos, casos radicados, casos asignados por fiscal o procurador, entre otros.

Luego de múltiples gestiones, el Departamento de Justicia y la Asociación de Fiscales lograron reunirse con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para dialogar sobre el aumento salarial establecido mediante la Ley 134-2023, que incrementa el sueldo de los fiscales, procuradores de familia y menores y registradores de la propiedad, y se encuentra bajo la evaluación el organismo fiscal.

Los funcionarios del Departamento de Justicia tuvieron la oportunidad de exponer e ilustrar a los miembros de la JSF sobre el trabajo que ejercen todos sus miembros, así como sus preocupaciones en torno a la dilación en la aprobación de la ley.

Los fiscales no reciben un aumento en décadas.

En la reunión participaron el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica; el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández; la subsecretaria de Justicia, Mónica Rodríguez Madrigal; la jefa de los fiscales, Jéssika Correa González, así como fiscales de distrito y los representantes de los procuradores de asuntos de familia y registradores de la propiedad.

“Cada uno de los miembros del Departamento presente en la reunión expuso en detalle las funciones del cargo, así como los riesgos, sacrificios, carga de trabajo, condiciones del empleo, necesidad de personal y estadísticas sobre la incidencia de delitos, entre otros aspectos importantes que la JSF debe tomar en consideración al completar su análisis”, expresó el presidente de la Asociación de Fiscales, Javier Rivera Rivera.

“También se compartió la preocupación genuina en torno a la fuga de funcionarios experimentados ante la falta de aprobación del ajuste salarial y la preocupación de que esta situación se continúe agravando e impactando nuestro sistema de justicia si no se aprueba la ley con prontitud”, añadió Rivera Rivera.

“Obtuvimos el compromiso de la JSF de que este asunto se atenderá durante el mes de junio y estamos sumamente confiados en que entendieron la necesidad de que estos funcionarios, que todos los días luchan contra la criminalidad, procuran que se haga justicia y velan por el fiel cumplimiento de las leyes en Puerto Rico, finalmente reciban el aumento salarial que merecen”, indicó la licenciada Grace Casanova Castro, procuradora y portavoz del grupo de Coordinadores del Ministerio Público.

En el cónclave, celebrado en la oficina de la JSF el 30 de mayo, se estableció que no existen en otras jurisdicciones figuras equivalentes a los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia, ello en virtud de las funciones que ejercen estos funcionarios. Se explicó cómo estos funcionarios en la Isla se diferencian de quienes ocupan estos cargos en otros estados por el manejo e investigación de casos criminales.

En Puerto Rico, los fiscales acuden a las escenas de crímenes violentos y evalúan querellas y órdenes de registro durante 24 horas todos los días. Se dialogó sobre los riesgos a los cuales se exponen todos estos funcionarios en el cumplimiento de su deber, trayendo a la atención las amenazas de muerte que varios de los presentes han recibido a través de los años.

Mientras, el procurador de asuntos de familia lleva a cabo funciones como abogado de parte, fiscal en el área civil, defensor judicial y como representante del interés del menor en los casos de maltrato.

Se informó que el Registro de la Propiedad está en cumplimiento con los términos y el plan trazado para tener al registro al día. Además, el registro ha producido sobre $89 millones en recaudos y ha generado $32.6 billones en transacciones en la industria de bienes raíces que han sido evaluadas por los registradores.

Se compartieron las estadísticas del Departamento las cuales reflejan el cúmulo de trabajo realizado por estos funcionarios, los casos activos, casos radicados, casos asignados por fiscal o procurador, entre otros. Se informó que se obtuvo un 97% de convicciones, así como que cada fiscal y procurador maneja sobre 500 casos.