También justifica el contrato de $450,000 a la empresa UTICorp para auditar los trabajos de Physician Correctional.

La secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, aseguró esta mañana que no contempla renunciar a su cargo, que le da la bienvenida a cualquier investigación, incluyendo una interpelación de parte de la Cámara de Representantes y reveló que ya su agencia está compartiendo hallazgos sobre la pesquisa relacionada a la excarcelación del convicto asesino Hermes Ávila Vázquez.

En declaraciones escritas divulgadas luego de una entrevista con NotiCel, el Departamento de Corrección y Rehabilitación anunció que entregó copia certificada del expediente completo del Programa de Comunidad de Ávila Vázquez, la lista certificada de todos los funcionarios del Programa que estuvieron a cargo de la supervisión de este confinado y su información de contacto.

Ávila Vázquez fue el confinado que presuntamente mató a Ivette Joan Meléndez tras lograr su excarcelación al amparo de la Ley 25, tomándole el pelo a las autoridades alegando que sufría una enfermedad terminal.

Tras el escándalo de la Muerte de Meléndez, el gobierno anunció que el Departamento de Corrección y Rehabilitación haría primero una investigación interna de lo ocurrido y luego, si se encontraba algún indicio de ilegalidad dentro de un término de 30 días, el Departamento de Justicia sería informado. Ahora Escobar ha señalado que ya están compartiendo documentos con Justicia, agencia que igualmente le ha entregado subpoenas al DCR para que entregue documentos.

“En estos momentos estamos en el proceso de enviar la investigación preliminar que tenenos, los datos que estamos recopilando al Departamento de Justicia a los efectos de que el Departamento de Justicia pueda entonces entrar de lleno en el proceso de profundizar esa investigación y nos pueda decir a nosotros qué cosas, si algunas, tenemos que trabajar o manejar sobre posibles cargos criminales o de otra índole o naturaleza”, dijo Escobar en entrevista con NotiCel.

Escobar sostuvo que se han levantado lo que llamó “datos preliminares”, no quiso confirmar o negar que se han encontrado posibles violaciones de ley, pero dijo que UtiCorp, la empresa contratada para hacer, desde inicios del año fiscal, una auditoria sobre la labor de Physician Correctional, ya ha evaluado seis tomos de los 49 que forman parte del expediente de Ávila Vázquez.

UtiCorp fue contratada por $450,000 y Escobar defendió la determinación a alegar que no hay personal con pericia en el DCR para evaluar la labor de Physician Correctional.

“Lo que han visto hasta este momento nos hicieron llegar un informe y lo estoy enviando al Departamento de Justicia para que el Departamento de Justicia evalúe, reciba y solicite la información que requieran”, dijo Escobar.

La funcionaria sostuvo que recaería en Justicia decidir si se hace público el informe que se levante sobre la pesquisa.

Sobre la posibilidad de que sea interpelada en la Cámara de Representantes, alternativa planteada mediante una resolución por la representante Mariana Nogales, Escobar sostuvo que siempre ha dado el frente y que está disponible para atender cualquier proceso investigativo.

Mientras desde varios sectores se solicita su renuncia, Escobar señaló que no contempla tomar ese paso .

“No. Bajo ningún concepto”, dijo. “Siento muchísimo esta situación. Es una situación compleja, difícil y no debió haber ocurrido”, sostuvo. “Pero renunciar porque esto haya ocurrido, realmente son situaciones aisladas que ocurren. Sí, pueden ocurrir o pueden evitarse, pero la administración de la agencia no había tenido señalamientos de esta naturaleza hasta este momento que ocurre este hecho”.

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