Indicó que, por lo pronto, solo se realiza una pesquisa administrativa, pero no dudó que la secretaria de Corrección, Ana Escobar, refiera el asunto a Justicia.

El gobernador Pedro Pierluisi dejó en manos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) la decisión de si refiere al Departamento de Justicia la posible negligencia criminal de personal de la agencia o del privatizador de servicios médicos al evaluar las circunstancias en que Hermes Ávila Vázquez salió de prisión.

Ávila Vázquez había sido convicto por el asesinato de otra mujer y comenzó a cumplir una sentencia carcelaria por el crimen en el 2005. El domingo presuntamente mató a otra mujer: Ivette Joan Meléndez Vega.

Pierluisi insistió en que se trata de un caso “particular” y que tiene que ser investigado “a la saciedad”.

“Ahí definitivamente que algo falló en el sistema. Estamos claro”, dijo.

El hombre logró el beneficio de salir a la libre comunidad en abril del año pasado tras ser convicto por el asesinato de una mujer debido a que personal médico y del DCR concluyó que cualificaba al amparo de la Ley 25, que sirve como una herramienta para que confinados con condiciones terminales vivan sus últimos días en la calle. Un año después de salir de prisión, sin embrago, presuntamente mató a una mujer este pasado domingo.

“No voy a tomar decisiones por el Departamento de Justicia porque siempre respeto su jurisdicción. Usualmente Justicia entra cuando hay un referido o una querella. Estoy seguro de que la Secretaria sería la primera que haría el referido si se determina que se habría cometido un delito”, dijo Pierluisi a la prensa.

Por la “Secretaría”, el gobernador se refiere a la titular del DCR, Ana Escobar.

El gobernador dijo estar confiado en que Escobar hará la pesquisa administrativa que corresponde y al hablar del tema insistió en que, de lo que sabe, Ávila Vázquez engañó a los médicos que lo atendieron. Además, recalcó en la importancia de que Ávila Vázquez regrese a prisión, lo que ha ocurrido.

“Salió bajo el diagnóstico de que era parapléjico”, dijo el gobernador “No tenía tal limitación. Aquí ha habido un gran engaño, por no decir un gran fraude”.

Pierluisi refirió otras preguntas a Escobar, como la inquietud sobre si las 24 personas que actualmente disfrutan de libertad al amparo de la Ley 25 son monitoreadas, si se deben reexaminar todos esos casos o si la última palabra sobre la libertad de estos individuos que solicitan la protección de la Ley 25 la debe tener exclusivamente la empresa privatizadora de servicios médicos correccionales,.

“Es la Secretaria la que tiene el peritaje”, dijo. “Eso debe estar en manos de la Secretaria, que administra bien el sistema correccional”, agregó. “Estoy seguro de que ella va a tomar cartas en ese asunto y si hay que tomar medida cautelares para evitar que se repitan, las va a tomar”.

Pierluisi fue cauteloso al contestar preguntas sobre posibles enmiendas a la Ley 25, como prohibir que se beneficien de esta asesinos convictos o o convictos por delitos sexuales. Señaló, por ejemplo, que se tiene que examinar si se trata de un patrón de casos similares.

Mira esta transmisión desde el lugar: