Por explotación financiera y maltrato de un adulto mayor.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó el jueves, que la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (PR-MFCU, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Yamira Santiago Erazo, imputada de cometer maltrato y explotación financiera contra un adulto mayor, mientras se desempeñaba como su trabajadora social en mayo del año pasado.

“En el Departamento de Justicia estamos comprometidos en la defensa y protección de nuestros adultos mayores. Cualquiera que cometa delito en contra de las personas de edad avanzada será procesada con todo el rigor que la ley impone. Todos tenemos el deber de proteger y salvaguardar a estas personas que muchas veces se encuentran vulnerables, lo que perciben personas inescrupulosas que se aprovechan de sus circunstancias. Tenemos que detener a quienes abusan de los adultos mayores. Exhortamos a los familiares a mantenerse vigilantes”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

Las fiscales Johan Rosa Rodríguez y Kristia Díaz Pérez presentaron cinco cargos, que incluyen maltrato a personas de edad avanzada, explotación financiera, apropiación ilegal agravada, fraude y prohibiciones éticas de carácter general, al amparo del Código Penal de Puerto Rico y la Ley de Ética Gubernamental.

Según confirmó la investigación de la agente Tania Mora Pagán, adscrita a la MFCU del Departamento de Justicia, Santiago Erazo solicitó sobre 2,000 dólares al tutor del adulto mayor para reubicarlo en un centro de cuidado prolongado. Sin embargo, la imputada, quien laboraba en el Departamento de la Familia, no entregó la totalidad del dinero al centro de cuidado, sino que se apropió ilegalmente de una suma que asciende a más de 1,500 dólares. Como resultado, el adulto mayor, víctima en este caso, quedó desprovisto de sus bienes. Cabe señalar que la trabajadora social no puede aceptar dinero ni realizar ese tipo de transacción como parte de sus funciones.

La jueza Aida Meléndez, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa para arresto en todos los cargos y le fijó una fianza global de $20, 000. Además, se le impuso la medida de supervisión electrónica. La vista preliminar fue señalada para el próximo 3 de abril.

El caso se originó tras un referido del Departamento de la Familia al Departamento de Justicia. “Reconocemos la acción del Departamento de la Familia al investigar y referir este caso a nuestra unidad especializada para atender estos delitos que cobran gran importancia hoy día. Igualmente, destacamos la labor de nuestras fiscales, quienes trabajaron en el procesamiento del caso con la vehemencia y responsabilidad que amerita”, añadió el secretario de Justicia.

PR-MFCU, unidad dirigida por el fiscal Luis Freire Borges, está a cargo de investigar querellas sobre alegaciones de maltrato, negligencia y apropiación ilegal contra pacientes en facilidades que reciben fondos bajo el plan de salud del Programa de Medicaid. Igualmente, atiende referidos para investigar las violaciones a las leyes estatales relacionadas al fraude en la administración del Programa de Medicaid en Puerto Rico.

La PR-MFCU recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de $980,092 para el año fiscal 2023-2024. El restante 25 por ciento, que totaliza 326,693.79 dólares, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.