Estas situaciones, identificadas dentro de una muestra de solo 10 decretos, impiden detectar errores, deficiencias e irregularidades para fijar responsabilidades y tomar medidas correctivas.

Una auditoría de la Contraloría de Puerto Rico confirmó lo que múltiples grupos habían denunciado por años: que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no supervisó correctamente los decretos otorgados al amparo de las leyes 20 y 22 de inversionistas.

La Contraloría emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe, se indica en un comunicado de prensa, revela deficiencias con la fiscalización de los negocios e inversionistas con decretos de las leyes 20 y 22 del 2012. Estos decretos establecieron unos requisitos, y a cambio otorga tasas de contribución sobre ingresos reducidas, y exenciones de contribuciones sobre la propiedad, entre otras.

Del examen de una muestra de 10 de los 2,226 decretos a negocios, se identificó que la Oficina de Incentivos del DDEC no requirió a uno de los negocios la creación de tres empleos directos, no requirió la declaración jurada de la fecha de comienzo a otro de los negocios, no requirió informes anuales contributivos a dos negocios, ni requirió ocho planillas de contribución sobre ingresos a cuatro accionistas de tres negocios.

Además, la Oficina de Incentivos no le requirió los informes anuales a un inversionista, ni requirió evidencia de Statement for Individual del Internal Revenue Services a cinco inversionistas, ni solicitó evidencia a dos inversionistas de donaciones obligatorias de al menos $5,000 a entidades sin fines de lucro.

Estas situaciones impiden validar el cumplimiento de los requisitos de los decretos otorgados ni permite al Departamento tener la información necesaria para propósitos estadísticos y estudios económicos.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que luego de nueve años sin auditar el cumplimiento de los decretos, el DDEC formalizó un contrato el 7 de abril de 2021, con una firma de consultoría financiera para realizar la auditoría. Con respecto al requisito de tener oficina o establecimiento localizado en Puerto Rico, los auditores no localizaron la oficina de uno de los negocios, no pudieron validar la existencia de otra oficina que había sido disuelta y otro negocio tenía arrendada una oficina virtual.

Estas situaciones impiden detectar errores, deficiencias e irregularidades para fijar responsabilidades y tomar medidas correctivas. Además, los negocios pueden beneficiarse de incentivos contributivos sin cumplir con los requisitos de los decretos otorgados.

El informe publica que los secretarios del DDEC en funciones, no prepararon los informes anuales del 2016 al 2019 que por ley deben presentarle al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Además, al 23 de julio de 2020, el Departamento no había promulgado un reglamento, carta circular o determinación administrativa que regulara la presentación de la solicitud del decreto, la imposición de penalidades por incumplimiento y los procesos de fiscalización y elaboración de auditorías de cumplimiento, entre otros. Esta ausencia de reglamentación pudo haber dejado sin mecanismos legales al Departamento para hacer cumplir los decretos otorgados.

Las actividades operacionales del DDEC se financian del presupuesto general, asignaciones especiales, ingresos propios o fondos especiales estatales y federales. Los estados financieros auditados reflejaron que el Departamento generó ingresos por $1,279,260,303 y gastó $1,218,857,652 con un sobrante de $60,402,651.

Este informe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de enero de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.