La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, sostuvo que la demanda en que prevaleció la agencia en Primera Instancia solo buscaba proteger la reserva natural.

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vegas se distanció al adjudicar responsabilidad a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de las conexiones ilegales instaladas por años en las propiedades ubicadas en Bahía de Jobos en Salinas.

El pasado martes, Rodríguez Vega celebró la victoria legal que culmina con el desalojo de los invasores y la restauración a su estado natural la zona protegida. Los perjudicados todavía tienen turnos para apelar.

El tribunal ordenó el desalojo inmediato de los ocupantes no autorizados, la remoción de construcciones removibles y bienes muebles, así como la demolición de estructuras no autorizadas.

“Eso se lo tienes que preguntar a ellos. Esta es una demanda estrictamente que se llevó a cabo en el DRNA. Yo estoy contenta de que se le ha devuelto al pueblo de Puerto Rico lo que le pertenece y que será nuevamente custodiado por el departamento”, se limitó a contestar a NotiCel.

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Este diario digital, solicitó una reacción de Luma Energy, donde por medio de declaraciones escritas destacaron que: "LUMA cumple con todas las leyes y regulaciones de Puerto Rico. Continuaremos colaborando con las autoridades en relación con lo sucedido en la Bahía de Jobos hasta donde la ley nos permita, y seguiremos cooperando con el gobierno para investigar y trabajar con la situación".

También, se solicitaron expresiones a la AAA, donde aclararon que: "La investigación fue realizada inmediatamente la AAA entro en conocimiento las alegaciones.Como resultado, la AAA solicitó a OGPe la certificación e validación de varios permisos que fueron sometidos por los clientes para realizar sus solicitudes de servicio. La OGPe certifico en Abril de 2022 que estos documentos no surgían de su base de datos y que uno de los documentos sería sometidos a un proceso administrativo", indican en declaraciones escritas.

"Una vez la AAA recibió dicha notificación, procedimos a realizar el proceso de desconexión de todos los servicios. Posteriormente, la AAA recibió notificación que el caso sometido al proceso administrativo había culminado y como resultado ese permiso fue removido; luego de esta notificación, la AAA procedió a realizar la desconexión del sistema desde la línea principal", continuó el escrito.

La secretaria del DRNA, había sido enfática de los daños en la Bahía de Jobos, marcando sustancialmente la zona protegida.

“La proliferación de construcciones y obras ilegales ha fragmentado el ecosistema de manglares de la reserva, reduciendo el hábitat para especies cruciales y debilitando barreras naturales contra fenómenos como marejadas ciclónicas y el aumento del nivel del mar. Esta decisión es un paso decisivo para revertir estos daños y fortalecer la primera línea de defensa contra los impactos del cambio climático", había destacado Rodríguez Vega en declaraciones escritas tras conocer la decisión del tribunal.

Para la fecha del 30 de marzo de 2022, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández dio a conocer que la agencia comenzó una investigación criminal en la Reserva Federal de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, donde se han construido residencia, establecido "campers" y hasta talado mangle.

A las personas que ocupan estas estructuras se les ha llamado "invasores". No obstante, pese a que la zona está protegida y no se debió construir, algunos de los residentes cuentan con permisos otorgados por agencias gubernamentales. Ese es el caso de una de las casas, cuya conexión eléctrica fue endosada por la secretaria municipal de Salinas, Mignelia Reyes Santiago.

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En octubre pasado, el juez Josian Rvera Torres del Tribunal de Primera Instancia de Guayama ordenó también el derrumbe de estructuras ilegales en Bahía de Jobos.

“Este fallo no solo es una victoria para el DRNA, sino también para el pueblo de Puerto Rico. Refleja nuestro compromiso inquebrantable con la justicia ambiental y la defensa del dominio público sobre nuestros recursos naturales más preciados,” expresó Rodríguez Vega.