De las 1,800 iglesias que están registradas bajo el programa de FEMA, solo unas 25 están en etapa de construcción.

La Coalición Civil María 2017 le ha dado un término de 15 días a la Federal Emergency Managent Agency (FEMA) para que se sienta a discutir con ellos las alternativas existentes ante la lentitud para certificar los daños causados en el huracán María en las iglesias desde hace seis años; y donde más de la mitad de las comunidades de base de fe no han recibido su desembolso de emergencia.

Esta organización integra más de 41 de los 78 municipios en la isla y representa unas 4,500 iglesias aproximadamente de diferentes delegaciones. La Asociación de Miembros de la Policía también es parte.

"Ya hemos contratado los servicios legales y le vamos a dar 15 días a FEMA para reunirse con nosotros. Estamos dispuestos a dialogar. Solo 15 días laborales para que se comuniquen con nosotros y nos den alternativas o algo que compense de que esto se va a poner en función", destacó Iván Cassals, asesor de la Coalición.

"De lo contrario, estaremos ante el tribunal federal y vamos a demandar por todos los fondos que el Congreso de Estados Unidos le otorgó a esta isla que no son del gobierno, que no son de algún particular y que hay que cumplir con las leyes", continuó.

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Será una demanda de clase a nombre de los afectados por $43.5 billones para compensar la pérdida millonaria de las organizaciones de fe.

Cassals comunicó que hay alrededor de 90 iglesias que fueron sacadas por no cumplir con el programa de FEMA.

Unos 460 templos han dejado de operar desde el huracán María.

De las 1,800 iglesias que están registrada bajo el programa de FEMA, solo unas 25 están en etapa de construcción, también comunicó.

"Estamos convocando a la Federación de Alcaldes, al gobernador Pedro Pierluisi, a los nuevos candidatos para reunirnos. Nuestra intención es resolver el problema" destacó Cassals.

La Coalición también sometió cuatro peticiones para solucionar la problemática.

La primera es que se permita accesar a los beneficios de las ayudas a todas las organizaciones sin fines de lucro que por falta de comunicación entre FEMA y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) según denuncian, no tuvieron una oportunidad justa para entrar en el programa y quedaron fuera.

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La segunda petición es para extender a un término de un año a Puerto Rico para que se revisen y corrijan todos los inventarios de daños.

La tercera es para que se les permita aumentar los costos (Managemente Cost) para contratar consultores y así completar las solicitudes requeridas bajo el programa de FEMA.

En cuarto lugar, señalaron que el programa de FEMA ha sufrido cambios sustanciales, lo que le ha triplicado los costo por encima de lo estimado inicialmente. "El mismo refleja un aumento sobre lo normal a lo que haya costado cualquier evento en la Nación Americana", detalló la Coalición en declaraciones escritas.

Para esta misma fecha, la Coalición realizó una conferencia de prensa con los mismos señalamientos.

"No hay que explicar mucho la situación que sigue pasando en los municipios de Lajas, Guánica, Guayanilla, Utuado e incluso Ponce. Esa gente perdió prácticamente todo y allí también hay iglesias y cuarteles de la policía que también están afectados. Nosotros entendemos que FEMA o ha sido extremadamente insensible o no quiere colaborar con la gente pobre de este país. Las iglesias las compone gente pobre, los cuarteles lo componen policías pobres y ¿porqué esa actitud de revancha contra nuestras organizaciones?", cuestionó el presidente de la Asociación de los Miembros de la Policía, José Taboada De Jesús.

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Un total de $44.9 millones es lo que la Coalición ha registrado que se ha desembolsado por parte de COR3.

"Eso es el 1%, es el momento que nos sentemos. Esto es una cosa seria, esto no es nada personal yo soy una persona pragmática. Estamos haciendo todo lo posible para que esto mejore...", reaccionó Cassals.

La Coalición estará viajando a la capital federal el próximo mes para buscar refuerzo económico.

La organización dejó claro que aunque reconocen el esfuerzo de COR3, no le pueden atribuir toda la responsabilidad.

"No le puedo tirar toda la culpa al COR3 porque se supone que ellos no sean los que estén velando por los fondos federales. La Ley obliga a FEMA hacerlo y están de la vista larga desde hace seis años. Ya es hora que alguien hable...", concluyó Cassals.

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