No obstante, el ente fiscal sostiene que podría aceptar alguna medida que implique un alivio no recurrente en términos de impuestos para el próximo año debido a los anticipados sobrantes en los recaudos.

La Junta de Supervisión determinó que el Proyecto de la Cámara 1839, el cual representa uno de los mayores recortes contributivos en la historia reciente de Puerto Rico, y que llega a tan solo un año de que Puerto Rico emerge de su quiebra, perjudica y frustra los propósitos de PROMESA. En consecuencia, el Gobierno tiene prohibido promulgar, implementar o hacer cumplir la medida, indicó el ente fiscal en una declaración divulgada hoy.

En un documento aparte, una carta dirigida al gobernador Pedro Pierluisi, la JSF le indica el proyecto sostiene que los alivios contributivos serían pospuestos si la JSF reta la medida en corte dentro de una ventana de 15 días después de que la medida sea convertida en ley.

No obstante, el ente fiscal sostiene que podría aceptar alguna medida que implique un alivio no recurrente en términos de impuestos para el próximo año debido a los anticipados sobrantes en los recaudos.

Una de las principales preocupaciones de la JSF sobre la medida es que reduce los impuestos a las corporaciones y que eso representaría una pérdida de ingresos de 5.9%.

“La JSF entiende que tiene que retar la legislación dentro de la ventana de 15 días para evitar la pérdida inmediata de ingresos en este año fiscal”, lee el documento.

Según la JSF, el proyecto contributivo reduciría los ingresos del Gobierno en unos $750 millones este año fiscal y en unos $3,000 millones en cinco años. El gobierno de Pedro Pierluisi coloca esa cifra en $550 millones y añade que el impacto sería aún menor debido a la actividad económica que generaría.

Sin embargo, la JSF concluye que “las sustanciales pérdidas de ingresos a mediados del año fiscal y fuera del proceso presupuestario añadirían presión fiscal, sobre todo después de que el Gobierno aumentara el gasto, incluyendo la extensión del Crédito Contributivo por Ingreso Devengado, y luego de que propusiera gastos adicionales, que incluyen aumentos salariales. Durante los últimos meses de la sesión legislativa, la Asamblea Legislativa aprobó otros proyectos de ley de gastos no presupuestados”.

Pierluisi había despotricado contra la JSF debido a que insisten en implementar el principio de neutralidad fiscal, lo que significa que cada dólar de ingreso restado en un área tiene que ser sumado en otra.

La JSF indicó que ningún gobierno puede aumentar el gasto y reducir los ingresos de manera arbitraria durante un periodo prolongado sin poner en riesgo su estabilidad fiscal.

“La reducción contributiva propuesta haría que el presupuesto del Gobierno regrese al déficit”, indicaron.

En el escrito, la JSF sostuvo que la economía de Puerto Rico se está recuperando, pero esta recuperación está impulsada en gran medida por una entrada sin precedentes de estímulos del Gobierno federal y aún no se ha traducido en crecimiento económico a largo plazo.

“No obstante, la Junta de Supervisión le informó hoy al gobernador Pedro R. Pierluisi que está dispuesta a reunirse con él y la Asamblea Legislativa para trabajar juntos en identificar los recursos que permitan un posible alivio contributivo no recurrente que beneficie a los contribuyentes en este año fiscal, en el marco de las prioridades de gasto ya establecidas por el Gobierno”, lee el documento donde no se brindan detalles adicionales sobre en qué consistiría este alivio “no recurrente”.

Aunque el Gobierno y la Junta de Supervisión tendrán desacuerdos sobre las disposiciones del Plan Fiscal, la JSF sostuvo que deben colaborar y explorar si los cambios deseados por el Gobierno son económicamente viables - y hacerlo como parte del proceso de desarrollo del Plan Fiscal y el presupuesto al amparo de PROMESA.

Se prevé que el proceso de elaboración de las actualizaciones al Plan Fiscal de 2024 y al presupuesto para el próximo año 2025 comenzará en unos meses.

“La Junta de Supervisión exhorta al gobernador a no firmar el P. de la C. 1839, y a colaborar con la Junta de Supervisión y la Legislatura en el desarrollo de una medida que brinde un alivio contributivo inmediato de manera fiscalmente responsable, así como una reforma contributiva integral que sea consistente con el Plan Fiscal y con el proceso presupuestario”, indicó la Junta.

“Cualquier reforma contributiva debe ser fiscalmente responsable. El P. de la C. 1839, sin embargo, es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y con el presupuesto para el presente año fiscal 2024, que la Asamblea Legislativa aprobó, el gobernador firmó y la Junta de Supervisión certificó. El Proyecto de Ley también viola el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico y pone en peligro la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones en virtud del Plan de Ajuste”, indicó.

“La Junta de Supervisión se reserva todos sus derechos, incluido el de emprender acciones para anular P. de la C. 1839 en caso de que se promulgue en violación de PROMESA. Esperamos que tales acciones sean innecesarias”, finaliza el escrito.