El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que la propuesta ley hubiese sido nefasta

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, y la senadora Ada García Montes, reaccionaron el veto del gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto del Senado 484, que proponía enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para autorizar a los Municipios a realizar labores de mantenimiento preventivo, así como acceder al sistema de transmisión y distribución de energía para realizar reparaciones con empleados municipales y empresas privadas contratadas a esos fines.

Para la senadora por Mayagüez Aguadilla “este veto es malo para Puerto Rico, porque obstaculiza que los Municipios puedan dar mantenimiento a los sistemas de transmisión y distribución del servicio eléctrico en Puerto Rico, trabajando en conjunto, mediante acuerdo y coordinación con LUMA Energy o sus contratistas designados. Esa es la misión del proyecto”.

Para el Alcalde, “desde antes del paso del huracán María, los primeros ejecutivos municipales nos hemos puesto a disposición para cooperar con esos procesos. No entendemos porqué se nos asignan responsabilidades de todo tipo, pero se niega paso a una buen idea con este veto”. Hernández Ortiz señaló que el presidente de LUMA, Juan Saca, ha expresado públicamente que tardarán al menos tres años en poner al día el mantenimiento de líneas mediante poda de vegetación, labor en la que los Municipios pueden colaborar masivamente.

Para la senadora García Montes, la razón esgrimida por Pierluisi para el veto, es poco creíble. “Alega que el proyecto pudiera tener (y cito), consecuencias nefastas en los esfuerzos que está haciendo el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con el Departamento de Energía federal y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en beneficio de lograr la transformación energética. Eso no se sostiene ante la realidad de las reuniones, acuerdos y alianzas entre los municipios y las agencias locales y federales han realizado durante años”.

Hernández Ortiz argumentó además que “todos los días, los 78 que habemos en Puerto Rico estamos en constante colaboración con las agencias estatales y federales. Cuando la secretaria Granholm ha llegado a la Isla, los alcaldes hemos estado acompañándola. Nosotros, que atendemos a ciudadanos, comerciantes e industriales todos los días, somos los primeros en estar comprometidos con la modernización de la generación existente, las mejoras a la infraestructura de transmisión y distribución de energía y la construcción de microrredes. El Consorcio Energético de la Montaña, con alcaldes populares y penepés, es el mejor ejemplo”, finalizó Hernández Ortiz.

En el comunicado de prensa de La Fortaleza en que se divulgó el veto a la medida se indicó que, si se hubiera convertido en ley, contradeciría la Ley 120 de 2018, así como lo contratado por el gobierno en la Alianza Público-Privada (APP) para la operación y mantenimiento del sistema de distribución de electricidad en Puerto Rico. A su vez, destacó que los alcaldes, pueden establecer acuerdos voluntarios con la empresa a cargo de la distribución de energía los cuales ya se han implementado para permitir un restablecimiento más rápido del servicio eléctrico en nuestras comunidades.

“Por ende, el procurar legislación para autorizar que los ayuntamientos intervengan tanto en labores de mantenimiento preventivo como en la realización de reparaciones al sistema eléctrico, incidiría en la reconstrucción, modernización y actualización del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lo que resultaría contraproducente para las gestiones que se han venido llevando a cabo para mejorar la eficiencia del sistema”, concluyó el primer ejecutivo sobre la pieza legislativa que no fue endosada por la Federación de Alcaldes.