Más problemas para el alcalde de Arecibo con la designación de un fiscal especial independiente
Se investiga si ha llegado a acuerdos contractuales con el Departamento de Educación a través de una corporación suya.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente emitió hoy una resolución, designando al Fiscal Especial Emilio E. Arill García, para que inicie una investigación a fondo sobre posibles actos delictivos en que pudo haber incurrido el alcalde de Arecibo, Carlos Ramirez Irizarry.
La querella que da paso a la pesquisa fundamenta que Ramírez Irizarry alegadamente mantiene a través de una corporación de su propiedad contratos con el Departamento de Educación sin cumplir con los requisitos de ley.
Sin embargo, hace meses el Departamento de Justicia había concluido que no existe causa para creer que el alcalde incurrió en conducta delictiva por supuestamente llegar a acuerdos contractuales con el Departamento de Educación mientras fungía como alcalde. En concreto, Justicia concluyó que el alcalde no es parte en los contratos otorgados a Tito Ramírez Bus Service, Inc., por parte de Educación.
La querella fue presentada ante el Departamento de Justicia por el representante José Enrique Meléndez, acompañada por diversos anejos consistentes de prueba para demostrar sus alegaciones. El legislador también remitió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental.
El Panel sobre el FEI revisó los escritos y encontró “serias y profundas interrogantes”, lee un comunicado del FEI.
La dependencia concluyó que el alcalde pudo haber cometido delito.
El fiscal asignado está facultado por Ia resolución del Panel a proceder contra cualquier otro funcionario que se haya beneficiado incurriendo en conducta delictiva en relación con los hechos del caso.
Por disposición de ley, el fiscal tendrá un término de 90 días para realizar su pesquisa, aunque se término es prorrogable 90 días adicionales.
Otra querella contra Ramírez Irizarry fue archivada por el FEI. Justicia lo había referido por haber contratado a dos personas convictas: la exsenadora María Teresa González López y el médico Edgar Cancel Zapata.
“Las contrataciones cuestionadas fueron realizadas en apego a las leyes y regulaciones”, aseguraron los fiscales especiales independientes Zulma Fúster y Emilio Arill cuando se anunció de la decisión del FEI en junio de este año.