El Senado de Puerto Rico avaló, con 20 votos a favor, aumentar la pena a un término fijo de tres años.

El Senado de Puerto Rico avaló, con 20 votos a favor, aumentar la pena de reclusión por un término fijo de tres años a las personas que brinden información falsa a través de los sistemas de emergencias.

Se trata del Proyecto del Senado 944 de la autoría del senador, Javier Aponte Dalmau, que busca enmendar el “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de ampliar la prohibición contra la notificación inadecuada de alarmas falsas a través de cualquier sistema de emergencias, de forma tal que se incluya todo tipo de conducta que provoque la movilización de las autoridades de seguridad pública para atender la supuesta emergencia o necesidad de rescate.

“El nuevo lenguaje requerirá a cualquier persona que brinde información falsa sin conocimiento de su falsedad, pero que posteriormente adquiere conocimiento de los verdaderos hechos que provocaron la supuesta alarma, el deber y la responsabilidad de notificar a las autoridades que ha adquirido conocimiento de la falsedad de su declaración inicial. Actuar en contrario y omitir tal notificación conllevará la comisión de un delito grave”, expresa la medida en su exposición de motivos.

Según el portavoz de la mayoría, Aponte Dalmau, “el propósito de estas enmiendas son reducir al mínimo la activación de los mecanismos de rescate y manejo de emergencia del Estado Libre Asociado, incluyendo los municipales, y equipos de voluntarios para atender situaciones provocadas por información falsa”.

Por otro lado, el cuerpo legislativo aprobó el Proyecto del Senado 1091 de la autoría de la senadora, Keren Riquelme Cabrera, que busca enmendar el “Programa de Subsidio de Arrendamiento para Vivienda a los Veteranos Puertorriqueños” a los fines de modificar el título de la ley; modificar definiciones de varios términos; garantizar un subsidio mínimo a todos los residentes de la Casa del Veterano; aclarar y ampliar la facultad del Procurador del Veterano para disponer de sobrantes en el Fondo de Subsidio de Arrendamiento para Vivienda; actualizar la referencia estatutaria a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, vigente; aclarar el lenguaje referente a la obligación de rendir informes dispuesta en la ley.

“Nosotros tenemos que desarrollar una cultura de apreciación cuando se trata de nuestros veteranos… y esta cultura tiene que ir de la mano de una política pública que sea cónsona con nuestro agradecimiento a nuestros veteranos”, expresó Riquelme Cabrera.

Según establece la pieza legislativa “esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar el lenguaje del estatuto de manera tal que se facilite el ejercicio de la autoridad que él mismo reconoce al Procurador del Veterano, así como ampliar la misma, de manera tal que éste pueda contar, si se proyectarán sobrantes en el Fondo, con fondos disponibles para cualesquiera asuntos relacionados con la Casa del Veterano y sus necesidades, para beneficio último de sus residentes”.

Otra medida aprobada fue el Proyecto del Senado 1221 de la autoría de la senadora, María de Lourdes Santiago Negrón, que propone añadir un nuevo artículo al “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de tipificar como delito grave la conducta de retirar, o amenazar con retirar, a un suscriptor encamado o con dificultades de movilidad o dependiente de tecnología, la cubierta de servicios pediátricos de cuidado de salud en el hogar por ejercer su derecho a recibir servicios educativos en la escuela o en el ambiente menos restrictivo posible.

“Me parece que ante grandes males, necesitamos grandes remedios… y que dentro del cálculo que realiza alguien en una oficina administrativa, me parece que ese tipo de insensibilidad y de violación tanto al derecho a la salud, como el derecho a la educación, tiene que ser tratado con la más extrema severidad y eso es lo que proponemos a través del Proyecto del Senado 1221 para contribuir de alguna manera a poner coto a las actitudes inhumanas de aseguradoras de salud que, como sabemos viven de la muerte y del sufrimiento y son incapaces de actuar con el respeto mínimo”, expresó la senadora Santiago Negrón.

“Según el Registro de Niños y Jóvenes Dependientes de Tecnología (RNJDT), en Puerto Rico hay cerca de trescientas estudiantes encamadas… A pesar de confrontar situaciones de salud delicadas, algunas de estas estudiantes, haciendo uso de sillas de ruedas y otros equipos asistidos, ansían integrarse a las aulas para el beneficio de su desarrollo social y recibir servicios educativos en las escuelas con sus pares —a tiempo completo o parcial— según permiten sus circunstancias. Lamentablemente, las políticas internas de algunos planes de seguros de salud les impiden hacerlo”, reza el proyecto en su exposición de motivos.

También se le dio paso al Proyecto del Senado 1256 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago; de los senadores Javier Aponte Dalmau y Ramón Ruiz Nieves y de la senadora, Joanne Rodríguez Veve, que busca establecer la “Ley de Energía Renovable en las escuelas públicas de Puerto Rico” a los fines de ordenar la implementación de energía renovable en los planteles escolares públicos de Puerto Rico; declarar como política pública del Estado Libre Asociado el uso de fuentes de energía renovable como primera alternativa para proveer electricidad a las escuelas públicas; imponer responsabilidades al Departamento de Educación y a la Autoridad de Edificios Públicos.

“A raíz de las diversas situaciones que ha atravesado el país, el gobierno local ha sido beneficiario de billones de dólares, provenientes de fondos federales, que pueden ser utilizados para realizar mejoras a la infraestructura de Puerto Rico, lo cual permite desarrollar iniciativas modernas de beneficio a largo plazo para garantizar una mejor calidad de vida a la ciudadanía”, expresa el proyecto en su exposición de motivos. Añade, además, que “es intención de la Asamblea Legislativa aprovechar las asignaciones de fondos federales, así como el aumento en recaudos locales, para desarrollar iniciativas que tengan viabilidad a largo plazo en todo el país”.

Además, se avaló el Proyecto del Senado 1140 que busca establecer la “Ley de Justicia Laboral para los Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante (T-1 y T-2) del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico”, a los fines de promover su retención en el empleo; disponer de un salario base con un aumento escalonado a partir del año 2026 hasta devengar $13.50 por hora; establecer beneficios marginales y requisitos del puesto; y proveer capacitación.

Finalmente, se avalaron las Resoluciones Conjuntas del Senado 193 y 428; las Resoluciones del Senado 175, 615 y 717; la Resolución Concurrente del Senado 51 y el Informe de Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1218.