La Junta sostiene que busca congelar el impuesto al inventario mientras se busca un sustituto
Pero ni niega ni confirma la denuncia del CRIM en torno a que supuestamente el ente fiscal quiere eliminar la exoneración que disfrutan unos 800,000 puertorriqueños.
La Junta de Control Fiscal (JCF) emitió este miércoles una declaración en la que recomienda un tope temporal al impuesto al inventario en Puerto Rico, a nivel de los pagos corrientes.
“Reformar el impuesto al inventario es fundamental para asegurar que Puerto Rico cuente con suministros”, manifestó la Junta en declaraciones escritas.
En el documento no se hace alusión a la denuncia que hiciera el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales sobre cómo el ente fiscal supuestamente propone que 800,000 puertorriqueños pierdan total o parcialmente la exoneración que gozan ahora por su propiedad principal.
El impuesto al inventario perjudica a las familias al provocar un aumento de los precios y disminución de los inventarios, incluyendo en situaciones críticas como tras el paso del huracán María, señaló la Junta.
Congelar este impuesto tendría el efecto de disponer más bienes, reducir los precios y mejorar el clima empresarial en la isla. Sin embargo, eliminarlo completamente podría ser complicado en este punto, pues los municipios dependen de él para prestar servicios a sus residentes.
Por esta razón, la Junta sugiere que se establezca un tope temporal, garantizando ingresos iguales a los recaudos anuales de los últimos tres años. Así, las finanzas municipales no verían afectados sus ingresos, y las empresas podrían aumentar sus inventarios sin cargas adicionales. Este tope no influiría en otros impuestos.
Además, se propone que un comité integrado por representantes de los alcaldes y del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales estudie y revise alternativas adecuadas durante el periodo del tope al impuesto al inventario.
La Junta aspira a “colaborar con distintas entidades gubernamentales para la reforma de este impuesto, buscando sistemas de ingresos eficientes, justos, equitativos y que fomenten el crecimiento económico en Puerto Rico”.