El informe señaló la falta de algunos documentos en contratos de servicio y empleados en destaque.

La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guayama.

El Informe revela que el Municipio de Guayama no se aseguró que los tres contratistas que compraron e instalaron 25 unidades de acondicionadores de aires por $68,727 entre el 2018 al 2020, entregaran un certificado de la labor realizada según establece la Ley 36 del 1970, Ley para crear la Junta Examinadora y Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado. Además, la Ley dispone que la certificación debe tener adherido el sello del técnico de refrigeración y debe entregar el certificado a la misma persona natural o jurídica que contrató sus servicios. Esta situación pudo resultar perjudicial para el Municipio, ya que no tiene certeza de que los servicios se rindieron de acuerdo con las leyes que rigen las profesiones.

La auditoría de dos hallazgos señala que el municipio mantuvo en destaque a dos empleadas municipales, desde el 2011 al 2021, en el Departamento de Salud y en la Oficina de la Alianza Municipal de Servicios Integrados de Guayama, sin que se haya formalizado convenios o acuerdos escritos. Además, mantuvo en destaque también a un policía municipal en el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama desde el 2008 al 2021, sin renovar el acuerdo colaborativo con la Policía de Puerto Rico.

Estas situaciones contrarias a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, tiene el efecto de que no existan documentos legales que establezcan los derechos de las partes.

El Informe comenta las medidas que estableció el Municipio en el 2018 para atender la crisis fiscal tales como: la eliminación del bono de verano, de puestos vacantes y las fiestas patronales. Además, el alcalde autorizó la reducción del 10% de su sueldo, 100 dólares del bono de Navidad y 30,000 dólares de las dietas de los legisladores municipales, entre otras. Estas medidas se aplicaron también a los presupuestos del 2019, 2020 y 2021.

La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este primer informe de Guayama, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.