Se exponen a multa de hasta $5,000.

Un examen realizado por la Oficina del Inspector General (OIG), a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), reveló que funcionarios de la entidad hicieron uso de los vehículos oficiales de manera no permitida en más de cuarenta (40) ocasiones, violentando la Ley Núm. 60-2014, según enmendada.

Según indicó la entidad mediante comunicado de prensa, surge de la investigación que, producto de los hallazgos del examen, el Área de Querellas e Investigaciones de la OIG radicó dos querellas ante el foro administrativo de la entidad contra los funcionarios que hicieron uso de los vehículos, en contravención de Ley.

Los hechos incluidos en la querella ocurrieron entre el 30 de abril de 2020 al 28 de marzo de 2021 por funcionarios que aún se encuentran laborando en el servicio de confianza en la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Los funcionarios podrían ser multados hasta un máximo de 5,000 dólares por infracción, según facultada la OIG, bajo las disposiciones de los reglamentos aplicables y el Art. 17 de la Ley Núm. 15-2017.

Según la querella, en certificación de 20 de agosto de 2021, uno de los querellados autorizó la utilización de dos vehículos Marca Ford (unidades 199 y 210) durante los meses de febrero a marzo de 2021, para el traslado del otro querellado a su residencia en el municipio de Cayey, bajo la justificación de que fungiría en calidad de primer respondedor “First Responder” por la situación del COVID 19.

El Art. 3 de la Ley Núm. 60-2014, dispone, entre otras cosas, que ningún jefe de agencia o funcionario público está autorizado utilizar cualquier vehículo oficial una vez concluida la jornada laboral. Además, dispone la obligación de entregar o devolver los vehículos a la entidad gubernamental, concluida la jornada laboral.

Por otra parte, en el informe de examen se revelaron otros hallazgos que inciden sobre deficiencias en procesos y desembolsos de la AMA en el período de enero de 2020 a junio de 2021. El análisis a los desembolsos relacionados con el pago de bienes y servicios por concepto de órdenes de compra reveló que no se preparaban comprobantes de desembolso para evidenciar la revisión y aprobación de los pagos de las órdenes de compras que se realizaban.

Un resumen ejecutivo y copia de los documentos de querellas fueron publicados y están disponibles a través de ww.oig.pr.gov. Es responsabilidad de la OIG garantizar a los querellados el debido proceso de Ley.

La OIG reitera el llamado a proveer información relacionada al mal manejo de fondos públicos a través de la línea confidencial 787-679-7979 o través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.