Usó como argumento inicial la muerte del oficial de Aduanas y Protección Fronteriza mientras realizaba una intervención en las costas de Cabo Rojo.

El gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, solicitó el miércoles al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que asigne más recursos del gobierno federal tomando en consideración que la ubicación geográfica de la Isla la expone como punto de entrada de drogas ilegales con el fin de reforzar iniciativas a corto y largo plazo que incidan en una reducción significativa de la entrada de drogas ilegales.

“El asesinato de un agente federal y las lesiones que sufrieron otros dos agentes la semana pasada, demuestran lo extremadamente violentas que son estas organizaciones criminales cuyos integrantes no respetan a las fuerzas de ley y orden, a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y a los que viven en el resto de nuestra Nación. Por esta razón, le solicito mayor asistencia directa del gobierno federal, incluyendo más recursos, para que nuestros agentes federales, quienes dedican su vida a la seguridad de nuestra gente, puedan combatir de manera más efectiva todo lo relacionado al narcotráfico y la violencia que provoca”, aseguró el gobernador en una carta enviada al presidente.

Esto en referencia al incidente violento del pasado 17 de noviembre en el que falleció en el cumplimiento del deber el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Michel Maceda, mientras realizaba una intervención en las costas de Cabo Rojo.

Pierluisi explicó que el alza en el nivel de violencia, provocada por el narcotráfico, se debe en gran parte a la ubicación estratégica de la Isla porque es un punto de trasbordo para el contrabando de drogas ilegales desde América Central y del Sur, así como de otras islas caribeñas a Estados Unidos.

“El tráfico de drogas en el Caribe es un dilema de seguridad nacional. Por eso, mientras usted fue vicepresidente y yo comisionado residente en Washington, el gobierno federal adoptó posturas firmes sobre este tema al establecer la iniciativa interagencial ‘Caribbean Border Initiative’ para aumentar significativamente la cantidad de agentes federales los cuales fueron desplegados en toda la Isla”, recordó el primer mandatario quien en octubre, durante la Semana Nacional del Lazo Rojo, indicó que la estrecha colaboración entre las autoridades estatales y federales ha sido clave para para poner de manifiesto la lucha contra el narcotráfico y el uso de drogas ilegales.

Entre el 2019 y 2020 la Administración Nacional de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), informó la necesidad de tener más presencia federal en la Isla porque Puerto Rico, Florida, California y Pennsylvania, son las cuatro jurisdicciones con mayor cantidad de incautaciones de drogas ilegales. Esta misma agencia federal destacó, en esos mismos años, el tráfico de drogas desde República Dominicana a Puerto Rico a través del Canal de la Mona y que estas organizaciones criminales utilizaron el Servicio Postal de Estados Unidos, así como otros comerciales y diversas embarcaciones marítimas para contrabando ilegal desde Puerto Rico a Florida.

“No es casualidad que las drogas ilegales incautadas en Florida y Pennsylvania provengan del Caribe”, acotó Pierluisi.

En abril del año pasado, agentes federales incautaron 2,378 kilogramos de cocaína y otros 609 el 7 de julio de este año. En lo que va de las siete semanas del año fiscal federal 2023 se han incautado 19,601.36 libras de drogas.

Para realizar esa labor investigativa que realizan las autoridades federales en la Isla, cuentan con cientos de funcionarios y agentes del gobierno de Puerto Rico del Negociado de la Policía, el Departamento de Hacienda, el Negociado de Investigaciones Especiales, y el Departamento de Corrección y Rehabilitación que están designados a diversos ‘task forces’.

Mientras Pierluisi fue secretario del Departamento de Justicia en la década de 1990, logró que Puerto Rico y las Islas Vírgenes norteamericanas formaran parte del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA, por sus siglas en inglés) de la DEA. A esto se suma que mientras Pierluisi fue comisionado residente apoyó y defendió los esfuerzos de la Administración Obama-Biden en contra del narcotráfico en la Isla incluyendo la Caribbean Border Initiative para aumentar la presencia de las fuerzas de ley y orden federal y de esta forma evitar la entrada de drogas ilegales a Puerto Rico y Estados Unidos.

“Agradezco su atención a este asunto que no tan solo impacta a los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico sino a todos los que viven en la Nación. Estoy seguro de que continuaremos trabajando en conjunto para salvaguardar a los ciudadanos americanos de la violencia y la actividad ilegal de los narcotraficantes, quienes con sus acciones envenenan a nuestras comunidades y afectan a nuestras futuras generaciones”, concluyó el gobernador.

Copia de la carta fue enviada al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), Alejandro Mayorkas, a la administradora de la DEA, Anne Milgram y al director de la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta.