Mientras el DCR asegura que no es costo efectivo mantener su operación, oficiales de custodia, el alcalde de Villalba y el representante Orlando Aponte Rosario piensan otra cosa.

El posible cierre del Centro de Detención de Menores de Villalba levantó una polémica que puede llevar el caso a ser investigado en la Cámara de Representantes, ya que está la postura del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que afirma que no es costo efectiva su operación, y la posición del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, y del representante Orlando Aponte Rosario, quienes advierten de un modelo de privatización “no informado ni transparente”.

El caso explotó en la mañana de hoy, jueves, después de que la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, revelara que el plan de la agencia es cerrar el centro que funciona en Villalba, “que cuenta con 39 jóvenes, pero el lugar tiene capacidad de 120”.

“Está operando al 30% o 35% de capacidad y nos cuesta $780 dólares cada joven por día, cuando hay $28 millones asignados a esa área. No se justifica mantener ese gasto con tan pocos menores y más si tenemos espacio en Ponce (el otro centro). No se justifica de manera fiscal ni operacional”, insistió.

Agregó que en la agencia “trabajamos con los recursos fiscales y humanos de la mejor manera posible y esto es una forma de generar economía”.

Además, dijo que los empleados -cerca de 300- serían también trasladados a Ponce y así en ese centro “se tendría el 100% del ‘staff’”.

Luego, en una entrevista radial (WKAQ), lanzó: “Estamos identificando maneras para reducir la población” y una de ellas sería la de cerrar el centro de Villalba, lo que no ve con buenos ojos el alcalde de ese municipio.

Hernández Ortiz, de entrada, criticó el hecho de que se haya enterado “por la prensa” de la decisión del DCR y también que “nadie se haya reunido conmigo para plantearme un plan de cierre. Tampoco se han reunido con los empleados de Instituciones Juveniles”.

El primer ejecutivo municipal solicitó a Escobar Pabón que paralice el cierre del lugar y, de paso, cuestionó si está habiendo algún cambio en la política pública en torno a las cárceles.

El también presidente de la Asociación de Alcaldes se mostró preocupado por un posible “modelo privatizador” que podría estar desarrollándose: “¿Acaso no hay delincuencia en el país?, ¿dónde están llevando a estos menores que no están llegando a Instituciones Juveniles?, ¿acaso se cambió el modelo?”.

Esa última pregunta es la que también preocupó al representante Orlando Aponte Rosario, quien en una conferencia de prensa en compañía del alcalde y del portavoz de la Federación de Oficiales de Custodia, Adalberto Vega, puso una voz de alerta porque los menores se estarían trasladando a hogares privados, “donde no hay supervisión ni rehabilitación. Es preocupante, porque pueden seguir cometiendo delitos e incluso ser asesinados”.

El legislador anticipó que impulsará una investigación del asunto en la Cámara y, además, sostuvo que pedirá a Corrección copias de los contratos que mantiene la agencia con estos hogares “privados”, ya que el político está interesado en saber “el dinero que se está desembolsando y quienes están detrás”.

Para el representante, en el caso “pudiera haber un tipo de modelo de privatización no informado ni transparente”.

Según Vega, “la implantación de hogares privados son el resultado de decisiones administrativas que no son consultadas con la ciudadanía ni llevadas a vistas públicas para poder exponer las preocupaciones sobre el asunto. ¿Dónde están siendo enviados estos menores si no es a estos centros? A los supuestos hogares privados, que solo desangran el erario y el bolsillo de los contribuyentes”.

Aseguró que “no es cierto que no haya matrícula para justificar la existencia de las Instituciones Juveniles. Lo cierto es que cada día hay más menores trasgresores, pero son enviados a estos hogares privados, de donde muchas veces se escapan”.

El DCR, hasta 2011, cuando se comenzó un plan de reorganización, tenía 12 centros de detención de menores, pero se comenzaron a cerrar y hoy solo quedan dos funcionando: el de Villalba y Ponce, que mantiene a entre 80 y 90 jóvenes.