Dijo que el contrato con Waste Collection se cumple a cabalidad y es el más económico, mientras subrayó que no ha tenido ningún requerimiento de los federales.

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, aseguró hoy que el contrato de su municipio con la empresa de recogido de basuras, Waste Collection se llevó a cabo “conforme a la ley”, además de ser “la más económica”, tras informes que señalan que el ayuntamiento se encuentra en la mirilla de las autoridades federales por ese tipo de acuerdo.

Un reportaje de Las Noticias (Teleonce) reveló ayer -a través de fuentes- que el municipio de San Germán era investigado por contratos otorgados a la empresa Waste Collection Corp. (WC), del convicto empresario Oscar Santamaría Torres.

Según el reportaje, el ayuntamiento le dio un contrato a WC por $400,000 por recogido de escombros desde el 1 de marzo al 31 de diciembre 2021 y otro para recogido de basura por poco más de $1 millón con una vigencia desde el 1 de julio del año pasado hasta el 30 de junio de 2028.

“La realidad es que el acuerdo contractual se está cumpliendo a cabalidad y se hizo conforme a la ley. De hecho, el cambio en la limpieza es más que notable. Además de que nuestros residentes ya no tienen que pagar por el servicio, contrario a lo que hizo la pasada administración”, dijo Olivera Olivera en un mensaje que fue colocado en la página de Facebook del municipio de San Germán y que también fue compartido en su página personal.

“La compañía que nos brinda el servicio y cumple con el mismo, es la más económica que nos cotizó, de entre varias empresas. Inclusive, aunque nos hemos dado a la tarea de ver otras opciones, la verdad ha sido que la compañía que menos nos cobraría sería $350 mil anuales adicionales a lo que pagamos ahora. Esto equivaldría a cerca de $2 millones adicionales durante la vigencia del contrato”, agregó Olivera Olivera, quien destacó que todos los municipios están sufriendo de grandes recortes en sus respectivos presupuestos y que en el caso de San Germán no es posible aumentarle al presupuesto otros $350,000 adicionales al año.

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El primer ejecutivo municipal aseguró, además que su municipio no tiene requerimiento de información de ninguna agencia del orden público estatal o federal, ni tampoco ha sido entrevistado por agencia alguna.

“Tristemente, en un mar de especulaciones y suposiciones como han dicho algunos reporteros, la oposición política se está dedicando a desinformar o alterar la información como más le conviene. Pero, aun así, no nos desviarán nuestra atención. Seguiremos trabajando, con humildad, honestidad, compromiso y lealtad a beneficio de todos los residentes de San Germán por igual”, apuntó.

Santamaría Torres asumió su culpa a nivel federal el 30 de noviembre de 2021 por conspiración, soborno y entregar “kickbacks” en el caso relacionado con el exalcalde novoproresista de Cataño, Félix “Cano” Delgado. Como parte de su acuerdo de culpa, se expone a multa de $250,000 y devolvió $6 millones que supuestamente son la totalidad de las ganancias ilegales que obtuvo con el esquema de sobornos a cambio de contratos públicos. Santamaría Torres está involucrado con varias corporaciones adicionales a WC.

Mientras, una acusación de gran jurado imputa también al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero de cargos de conspiración para cometer soborno y pago de comisiones ilegales con fondos federales, ayuda y asistencia en la comisión de soborno, extorsión so color de autoridad y un cargo de confiscación. El esquema que da pie a los cargos es que Pérez Otero recibió $5,000 mensuales de parte de una persona cuyas señas corresponden a Santamaría Torres entre fines de 2019 y mayo de 2021 para asegurar negocios a las compañías del contratista en el municipio. El total aproximado de los pagos es al menos $85,000.

En Aguas Buenas, el exalcalde popular, Luis Arroyo Chiqués, se declaró culpable por recibir un pago de $5,000 mensuales para darle a la empresa Waste Collection Corp., un contrato de $10.4 millones para recogido de desperdicios sólidos. El contrato duraba hasta el 2026 y Arroyo Chiqués recibiría su pago hasta el final del contrato, aún cuando dejó la alcaldía en 2016.

Su sucesor penepé, Javier García Pérez, mantuvo el contrato desde que llegó al cargo en 2017 hasta que lo canceló el 31 de enero de 2022, un mes después de que se conociera el caso contra su antecesor. Renunció el 6 de mayo tras ser acusado en el foro federal por recibir $20,000 en agosto de 2020 de parte de Santamaría Torres, entre otros cargos.