El Gobernador llegó ayer de España.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli le solicitó el martes al gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia y al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, que entreguen información sobre las gestiones realizadas y los gastos incurridos por el gobierno en la Misión Comercial a España celebrada entre el 4 y el 8 de abril.

“La semana pasada, mientras el país estaba a oscuras, parte del gabinete ejecutivo estaba de paseo por España. En enero, el DDEC anunció esta Misión Comercial como una oportunidad para empresarios locales, pero vimos que se convirtió en un viaje oficial del gobernador. La presencia de Pedro Pierluisi junto a la de otros funcionarios, como el Secretario de Estado y Director Ejecutivo de AAFAF, Omar Marrero Díaz y el Director Ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, Fermín Fontánes, levanta unas preocupaciones sobre qué era lo que se estaba buscando con este viaje, sobre todo cuando se habla de reuniones con empresas de energía, infraestructura y transportación, todas áreas críticas para Puerto Rico que su administración pretende continuar privatizando”, afirmó Nogales Molinelli en declaraciones escritas.

En una carta enviada hoy a ambos funcionarios, Nogales Molinelli solicitó información relacionada a las reuniones sostenidas por los miembros de la Misión Comercial así como los gastos en los que incurrieron.

“En momentos en los que se nos sigue imponiendo la austeridad, sorprende que el gobernador se monte en un viaje de una semana por España, acompañado por un montón de funcionarios y personal de la Rama Ejecutiva, e incluso por su hermana Caridad Pierluisi, que no tiene puesto oficial alguno. Queremos saber quién formó parte de esa delegación, cuánto se gastó en transporte, estadías, comidas, escoltas y otros incidentales al viaje, y cuáles fueron sus resultados. Es lo mínimo que se esperaría de un gobierno que alega ser transparente. Por eso le estamos proveyendo el término de diez días que establece la ley para entregar la información solicitada”, declaró la legisladora.