No de los alcaldes del PNP a cambios en impuestos en el CRIM
El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, expresó su oposición al Proyecto de la Cámara 827.
El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico Gabriel Hernández Rodríguez expresó el lunes su oposición al Proyecto de la Cámara 827 sobre cambios a los pagos de residencias en el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
“El cambio de valoración contributiva a valor del mercado debe ser estudiada con detenimiento para conocer su impacto en los recaudos municipales y se debe hacer de manera responsable. En el 2020, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó al CRIM un análisis de impacto sobre las contribuciones ante un cambio de paradigma contributivo de propiedad inmueble a valor mercado y esto se estará rindiendo para comienzos del próximo año fiscal por lo que entendemos que es prematuro la radicación de este tipo de medida”, indicó Hernández Rodríguez en declaraciones escritas.
“La Federación apoya la modernización de los sistemas del CRIM y lo que necesitamos es que esta agencia agilice sus métodos de cobro de deudas. Desde la Junta de Directores vamos a impulsar que esto ocurra. Lo que proponemos es que se mantenga la tasación científica que tenemos ahora. Se actualicen los valores de los unitarios y los valores metros de la tierra, con la reevaluación del valor metro de toda la isla basándonos en costo de reproducción incluido en tasaciones de EPA multiplicado por un factor de conversión que habría que rediseñar, traería una valoración del terreno más a fin con la realidad que sea justa y uniforme. Y sobre todo que nos escuchen y nos den un espacio importante en la discusión de este asunto que tiene un impacto directo en nuestros contribuyentes”, añadió.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimer, mostró preocupación con el lenguaje y la metodología propuesta en el Proyecto de la Cámara 827.
“Entre otras cosas, la aprobación de esta medida, que podría traducirse en un aumento en las contribuciones sobre la propiedad inmueble, provocaría de igual forma un aumento en los pagos de las hipotecas y en las rentas, afectando el presupuesto familiar y en muchos casos, la capacidad para cumplir con las responsabilidades hipotecarias y con los arrendadores”, indicó Paniagua Látimer.