Además, solicitaron a OATRH que publique el Plan de Retribución y Reclasificación Uniforme para Empleados Públicos de la Rama Ejecutiva.

El presidente de la Cámara de Representantes Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anunció el domingo, que radicará una medida para enmendar la Ley 9 – 2021 (Ley para Garantizar las Negociaciones Colectivas) para restituirle a los trabajadores el derecho negociar los aumentos de salarios.

“Ya culminado el proceso de aprobación del plan de ajustes de la deuda, el Gobierno no tiene excusas para comenzar a evaluar la disponibilidad de fondos y recursos para mejorar los sueldos de los empleados públicos. La crisis económica que enfrentan nuestros servidores públicos se ha vuelto insostenible. En la medida en que se siga dilatando el aumento salarial y beneficios marginales a nuestros funcionarios que brindan servicios esenciales en la isla, menos profesionales vamos a tener en el país, y seguirá la fuga de talentos hacia otras jurisdicciones que ofrecen condiciones más dignas, justas y atractivas”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

Del mismo modo, el representante Domingo Torres subrayó la importancia de la iniciativa de la Cámara de Representantes.

“Estamos ordenando a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) que publique inmediatamente el Plan de Retribución y Reclasificación Uniforme para Empleados Públicos de la Rama Ejecutiva. Además, estamos enmendando la Ley 9 – 2021 conocida como ‘Ley para garantizar la negociación colectiva’, a los fines de permitir que los convenios colectivos puedan negociar cláusulas económicas con su respectiva autoridad nominadora.”, sostuvo Torres García.

La Ley 9 – 2021, conocida como “Ley para Garantizar la Negociación Colectiva”, reconoció que por décadas las empleadas y empleados públicos han visto mermar sus beneficios marginales, incluyendo sus días libres con paga, mientras se congelan sus salarios y la inflación continúa en aumento. Del mismo modo, reconoció que a los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico y en el servicio público en general se les ha requerido que carguen con el peso mayor de las medidas de austeridad y de rigurosidad fiscal que atraviesa Puerto Rico.

Hernández Montañez y Torres García recordaron que, según el estado de derecho vigente, el pasado 1 de julio de 2021 todos los servidores públicos amanecerían sin un convenio colectivo por primera vez en 20 años. Por esta razón, la recién aprobada Ley 9 – 2021 protegió los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico.

Sin embargo, dado que se concretó el Plan de Ajuste de la Deuda, el cual reduce sustancialmente la deuda a nuestros acreedores y, por consiguiente, el Gobierno central contará con mayores recursos económicos para hacer valer los derechos y que se les haga justicia salarial a los funcionarios públicos.

Por su parte, el representante Cardona Quiles indicó que durante el mes de marzo la Cámara de Representantes realizará vistas públicas sobre el presupuesto, en las cuales los jefes de agencia y corporaciones tendrán la oportunidad de explicar la situación fiscal de sus dependencias gubernamentales, incluyendo en el contexto laboral.

“Queremos que los directivos de agencias y corporaciones tengan la oportunidad de presentarnos una radiografía de su situación particular y velar por que cada proyección sea una realista, tomando en cuenta los beneficios a lo trabajadores”, indicó Cardona Quiles.

Mientras, Martínez Soto enfatizó en que ya no deben haber más excusas para la clase trabajadora, que día a día sacan la cara por el país.

“Es meritorio otorgarles mayores poderes y facultades a los convenios colectivos para que puedan también negociar las cláusulas económicas con sus respectivas autoridades nominadoras. Es momento de retribuirles todo su labor y sacrificio a los agentes del orden público, emergencias, educadoras, trabajadores de la salud, las que prestan servicios de bienestar social, las que velan por condiciones higiénicas para el pueblo y muchos otros héroes anónimos y olvidados. Son precisamente los diferentes gremios que los representan los que pueden identificar y negociar las mejores condiciones de empleo para ellos, basado en la realidad económica de cada agencia gubernamental.”, concluyó Martinez Soto.