En vez de derogarlas

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, recomendó hoy a la Legislatura desarrollar una mayor fiscalización sobre las Leyes 20 y 22 de 2012, que fomentan la exportación y la inversión respectivamente y modificarlas en lo necesario, además de otorgarle algunas facultades sobre los decretos.

“Estas dos leyes representan dinero nuevo para el erario, por lo que, en lugar de su derogación, debe promoverse una mayor fiscalización, así como un análisis minucioso, para determinar dónde requieren ajustes, en beneficio del fisco”, expresó en declaraciones escritas el Secretario, quien fue representado por el subsecretario, Ángel Pantoja Rodríguez ante la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado en la vista pública sobre el Proyecto del Senado 40 y 284.

Parés Alicea destacó que el quehacer del Departamento sobre ambas leyes recae exclusivamente en la fiscalización. “A modo de tracto procesal, durante el periodo de 2012 a 2016, la intervención de Hacienda fue muy pobre. El informe de transición de esos años, no refleja ni establece procedimiento o mecanismo alguno de fiscalización para estas leyes”, destacó.

El funcionario dijo que desde el año contributivo 2017, el Departamento comenzó a tomar cartas sobre la fiscalización de estas leyes. “Ese año se inició la confección de los Informes de Gastos Tributarios, en el que se mide el costo fiscal de los distintos incentivos contributivos, entre los que están las Leyes 20 y 22”.

Añadió que en el año contributivo 2017 y 2018, con la intención de ejercer a cabalidad el deber de fiscalización, se establecieron programas de digitalización, medición de costos y otras estrategias.

Posteriormente, en los años contributivos 2019 y 2020, se implementó la radicación 100% electrónica de las planillas de Contribución sobre Ingresos de individuos y de corporaciones, lo que significó un gran adelanto y eliminó los grandes inventarios de papel.

“Para fortalecer aún más la fiscalización, este año emitimos el Boletín Informativo 21-03, sobre nuevas campañas de auditoría e investigaciones que realizarán el Negociado de Auditoría Fiscal de Rentas Internas y el Área de Inteligencia y Fraude Contributivo”, informó.

El titular de Hacienda añadió que, “nuestro programa de fiscalización incluyó la contratación de un experto contributivo que nos está ayudando a delimitar un plan de acción y el alcance de las auditorías que vamos a trabajar a partir de octubre. También iniciamos conversaciones con el IRS para colaborar sobre los procesos que ellos hagan a nivel federal, que es su jurisdicción. Tenemos un Tax Coordination Agreement, que ampliará la visibilidad sobre los decretos”.

Parés Alicea recordó que entre las contingencias que se estarán trabajando con el IRS, se incluye el envío regular de los nombres de individuos que reclamen residencia en Puerto Rico y obtengan el beneficio de las leyes. Hacienda también divulgará los requisitos de exclusión de la Sección 933 del Código de Rentas Internas Federal, sobre ingresos de fuentes de Puerto Rico y las reglas de residencia bajo la Sección 937 del mismo Código, para asegurar que la interacción de ambas leyes resulte en una tributación apropiada en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Mientras tanto, dijo que Hacienda está en el proceso de integrar en la plataforma SURI, todos los decretos contributivos bajo las Leyes 20 y 22 de 2012 y la información que tiene el Departamento de Desarrollo Económico.

“Estamos seguros de que podemos implementar estrategias adicionales que garanticen el fiel cumplimiento de estas dos leyes y en esa dirección estamos robusteciendo el Área de Política Contributiva y atendiendo nuestro capital humano con adiestramientos técnicos y todas las herramientas necesarias”, destacó.

El funcionario solicitó a la Comisión que se le otorgue mayor discreción al Secretario de Hacienda para que, prospectivamente, sea requisito obtener el endoso e insumo del Departamento para la aprobación de los decretos y se le otorgue la facultad de reglamentar en conjunto con el DDEC, las disposiciones contributivas bajo el Código de Incentivos, en especial bajo los capítulos de exportación de servicios y de individuos inversionistas, entre otras capacidades.

“Confío que la asamblea legislativa pueda atender nuestras recomendaciones para, junto a la tecnología implementada, aumentar el cumplimiento con las leyes contributivas de Puerto Rico”, concluyó.