Restarían $75 millones a la Secretaría Asociada de Educación Especial, y cerca de $20 millones a la Oficina de Remedio Provisional.

El Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, la Alianza de Autismo de Puerto Rico y el Comité Timón de madres, padres y encargados en el Pleito de Clase de Educación Especial, junto a varias familias de niños y niñas con diversidad funcional, denunciaron este miércoles la “insensibilidad demostrada por la Junta de Control Fiscal (JCF) al imponer en su Plan Fiscal, y por lo tanto en el presupuesto para el próximo año, una reducción de 95 millones de dólares al Programa de Educación Especial.

El secretario interino de Educación, el licenciado Eliezer Ramos Pares reconoció en las vistas de presupuesto que, según requerido por la Junta, se le restarían 75 millones de dólares a la Secretaría Asociada de Educación Especial, y cerca de 20 millones de dólares a la Oficina de Remedio Provisional. “Cómo consecuencia, es posible que no haya dinero para pagar la nómina de las maestras de educación especial para el próximo año académico, y que no puedan proveerse los servicios de terapia indispensables para nuestros niños. Nos resulta sorprendente recibir semejante ataque a nuestros hijos e hijas, que tanto han sufrido el atropellado proceso educativo en el tiempo de pandemia, al punto de que una gran cantidad de estudiantes de nuestra comunidad no pudo recibir ni servicios educativos, ni servicios relacionados apropiados”, indicó el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública en una declaración escrita.

Recientemente la JCF ordenó transferir 6 millones de dólares sobrantes de transportación de educación especial para efectuar parte del pago para el “Síndico”, ordenado por el gobierno Federal, “dado el mal manejo de fondos públicos por la agencia. Este ‘síndico’ (una compañía privada) le costara al país la exhorbitante suma de 40 millones de dólares este año, y se anticipa que su contrato será renovado por varios años. Ese dinero debería ser para nuestros niños, y no para tener que vigilar a alguien que vigile a los responsables de los malos manejos en el Departamento de Educación”, afirmaron las entidades de defensa a los estudiantes con Diversidad Funcional.

Jinnette Morales, madre y portavoz del Movimiento expresó: “es increíble que por un lado el gobierno celebre un presupuesto histórico de 4 billones de dólares para el Departamento de Educación y a su vez reduzca el presupuesto a los estudiantes mas vulnerables del sistema educativo; nos cerraron 500 escuelas porque querían ahorrar y ahora nos dicen que en lugar de sobrar, falta más dinero que antes”.

Por otro lado, Aida Ortiz, madre y portavoz de la Alianza de Autismo señaló: “si hoy que contamos con tantos fondos por el COVID, nos reducen el presupuesto, nos preguntamos qué va a pasar cuando estos fondos terminen, ¿desaparecerá el Programa de Educación Especial?”

“Invitamos a la prensa del país a que investigue como es posible que la Junta de Supervisión Fiscal pueda mover partidas y disponer a su antojo qué hacer con ese dinero cuando la Ley IDEA (ley federal de educación especial) establece claramente como requisito para la otorgación de fondos federales que el Departamento de Educación determine cuántos recursos necesita y de ahí establece una fórmula de pareo. ¿Puede la Junta ir por encima de IDEA? ¿Por qué los federales permiten esta intromisión y reducción en el dinero de nuestros hijos e hijas del Programa de Educación Especial?, ¿Cuál es el número de esa fórmula que el Departamento le da a los federales? ¿Se está haciendo un calculo correcto? Son muchas las preguntas que nos hacemos, pero la mayor indignación es ver cómo, gobierno tras gobierno, nuestros estudiantes no son prioridad y NO se les toma en cuenta”, indicaron las portavoces.

La portavoz del Comité Timón, Carmen Warren, reclamó además “la gran preocupación por la falta de acción urgente en la reparación de las escuelas identificadas con fallas estructurales en todo el país, incluyendo la amenaza que representan las columnas cortas, y la tardanza en la limpieza de hongos y fumigación de planteles que por razón de la pandemia llevan ya año y medio en desuso. Este recorte presupuestario, implica el incumplimiento del DE, con el nombramiento de maestros, asistentes de servicios de educación especial, intérpretes de señas, terapias y con la compra de equipos asistivos, además de poner en peligro que se cumpla con los protocolos del COVID, acciones necesarias para recibir y mantener a la población de educación especial, que es de cerca de 111,00 estudiantes. Estos son actos crueles y negligentes, que siguen atentando contra la salud física y mental de nuestras familias’’.

“El silencio del gobernador Pierluisi ante el reconocimiento de la falta de fondos y las determinaciones nefastas de la Junta nos hace sentir que estamos huérfanos de una representación que tenga como norte garantizar educación adecuada y servicios relacionados a nuestros estudiantes. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Junta de Control Fiscal, enderezar una quiebra o quebrar a nuestros estudiantes?”, reclamaron las portavoces de las organizaciones.

“Ni un centavo menos; invitamos a nuestra comunidad a estar atentos al anuncio de una Vigilia la próxima semana frente a Fortaleza. ¡No dejaremos de luchar por nuestros hijos e hijas con diversidad funcional!”, concluyeron las portavoces.