Aumento en tarifas a proveedores podrían poner en riesgo el servicio a sobre 20,000 estudiantes.

Un grupo de proveedores de servicios y familias de Educación Especial denunciaron hoy que más de 20,000 estudiantes del programa de Educación Especial podrían quedar sin servicio de terapias y evaluaciones provistas mediante Remedio Provisional para el próximo año escolar, debido a una nueva reducción de las tarifas.

Mediante comunicado de prensa, el grupo explicó que un contrato suscrito entre el Departamento de Educación (DE) y la empresa Advantage Business Consulting, Inc., establece tarifas que abaratan los costos del Programa “sin medir las consecuencias nocivas que esto tendrá para las niñas, niños y jóvenes”.

Además, la senadora María de Lourdes Santiago, Presidenta de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial de la Cámara Alta, sostuvo que los recortes en los programas de Educación Especial atentan contra el bienestar de los más vulnerables

Según se explicó, el Remedio Provisional es un mecanismo de excepción creado por el Tribunal que se activa cuando el Departamento de Educación ha reconocido su incapacidad de proveer los servicios relacionados de evaluación, transportación, asistencia y terapias a estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial.

A pesar de constituir una medida provisional, según lo sugiere su nombre, el sistema de Remedio Provisional se ha convertido en la única alternativa para que miles de familias obtengan servicios ininterrumpidos, eficientes, con altos estándares de calidad y alejados de los vaivenes de las corporaciones contratadas por el Departamento de Educación, denunciaron.

Solo en el año escolar 2019–2020, sobre 11,000 estudiantes tuvieron que acudir al mecanismo de Remedio Provisional como consecuencia del incumplimiento de la agencia.

Sin embargo, el grupo de proveedores y familias de Educación Especial indicaron que las nuevas tarifas infligen reducciones dramáticas que inciden sobre la capacidad operacional de las corporaciones y personas que ofrecen servicios relacionados, sobre todo porque las tarifas ya habían sido ajustadas y reducidas en años recientes, a base de un informe preparado en mayo de 2015 por Estudios Técnicos, Inc., también a petición de la agencia.

“En algunos de los servicios, las reducciones de tarifa sobrepasan el 40 y 50 por ciento”, lee el comunicado.

“A esto se añade el reclamo por el atraso de hasta de tres y cuatro meses en los pagos a los especialistas, terapeutas y transportistas constituye una amenaza constante a la continuidad de los servicios relacionados”, agrega el escrito.

En ese sentido, el terapeuta Víctor Moreno, portavoz de Proveedores de Servicio de Terapia bajo el mecanismo de Remedio Provisional, denunció que más de 20,000 estudiantes del programa de Educación Especial podrían quedar sin servicio de terapias y evaluaciones para el próximo año escolar.

“La calidad del servicio de nuestros niños no es negociable. Con esta reducción en tarifa es imposible atender a nuestros niños con la calidad que se merecen, en las facilidades con equipos especializados y con los estándares más altos en tratamiento y seguridad y, además de eso, seguir viviendo mes tras mes con líneas de créditos para poder seguir ofreciendo un tratamiento digno en lo que el Departamento de Educación se digna a pagar por los servicios. Esta situación nos deja inoperantes y los que sufrirán las consecuencias son nuestros niños”, sostuvo Moreno en declaraciones escritas.

Los proveedores se han reunido desde el 2 de junio en varias ocasiones con el licenciado. Eliezer Ramos, secretario de Educación Interino, el licenciado Jesús González, subsecretario de Educación y la licenciada Alayra Figueroa, directora de la Unidad Secretaria Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional para hacerles saber su preocupación, pero aún no han recibido una solución final que ponga fin al riesgo de que los niños, niñas y jóvenes se queden sin sus servicios esenciales.

“El DE ha realizado traslados de servicios sin los debidos procesos y reuniones del Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU). Los traslados de servicios a través de Remedio Provisional hacia el Departamento de Educación deben realizarse durante el año escolar y con 30 días de antelación al vencimiento del contrato con Remedio Provisional, o sea, antes del 26 de abril de 2021. Por lo que solicitamos el cese y desista de esta práctica al Departamento de Educación” sostuvo el portavoz.

Los proveedores enfatizan que sus servicios se han destacados por ser unos de alta calidad, individualizados que van dirigidos a trabajar destrezas de cada niño, niña y joven, por lo que señalan que las terapias grupales atentan contra los objetivos específicos y necesidades particulares de cada niño, niña y joven que atienden.

“Es importante que la Junta de Control Fiscal internalice que los niños, niñas y jóvenes de Educación Especial son parte inherente de la sociedad que no pueden ser marginados y no se le ofrecen las herramientas adecuadas para sostener el futuro del País. Por tanto, una reducción adicional al presupuesto representa poner en peligro los servicios esenciales a la población más vulnerable de nuestro País” indicó Syddia Rodríguez, madre de un niño de Educación Especial.

Por su parte, la también portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago, denunció que los recortes a los Programas de Educación Especial propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal son un ataque directo a niños y niñas que más necesitan respaldo.

“La Junta ha ordenado una reducción de $95 millones al presupuesto del Programa de Educación Especial, en el que están registrados 111,000 estudiantes; es un recorte aún mayor que el de la UPR, que es de $94 millones. Se le quitan $75 millones a la Secretaría Asociada e Educación Especial, (lo que quiere decir que no habrá para pagar la nómina del año entero), y $20 millones a Remedio Provisional. Se trata de un ataque directo de la Junta a nuestros más vulnerables, los niños y niñas y jóvenes con diversidad funcional.”