La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas aún no ha presentado su determinación

Al tiempo que se materializa hoy la entrada de LUMA Energy para hacerse cargo de las áreas de transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP) también estudia una alianza similar para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), confirmó la directora ejecutiva de esa corporación, Doriel Pagán.

La información también la confirmó en otra entrevista la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.

“Eso continua bajo evaluación de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y tan pronto ellos tengan una determinación final conoceremos el resultado. Lo que se estaba contemplando era solo para el área de Servicio al Cliente. De eso ocurrir y formalizarse no se contempla despidos de empleados”, dijo Pagán en entrevista radial (Radio Isla).

Sin embargo, dijo que no tiene información sobre cuándo concluirá la evaluación de la APP. “Por las circunstancias y el proceso de evaluación y por la ley misma se nos imposibilita dar más detalles. Tendría que ser directamente ellos mismos los que informen”, indicó.

García Bardales dijo, por su parte, en El push de la mañana de NotiCel que “todo lo que incida en innovación y en asegurar que el cliente tenga un mejor servicio, lo vamos a adelantar”.

“Y siempre vamos a analizar y ponderar los mejores intereses de quienes vivimos aquí. Así que hay mucha transformación que se necesita. Tenemos que seguir innovando, tenemos que crear sistema de utilidades que le sirvan bien no solo al residente sino a los comerciantes porque el desarrollo económico incide en esa estabilidad. Así que vamos a continuar buscando formas y maneras de que quien quiera que viva en Puerto Rico viva de una forma eficiente”, manifestó.

En la AAA la pobre eficiencia del sistema de acueductos, causada por falta de mantenimiento y pobre administración, remontan a finales del siglo pasado. Aunque hoy continúa como corporación pública, durante la administración del gobernador Pedro Rosselló se decretó un estado de emergencia en la AAA, que resultó en un proceso de privatización en 1995, otorgando un contrato de operación del sistema a la compañía P.S.G.

Ese contrató venció en el 2002, bajo la administración de Sila María Calderón. Posteriormente fue la empresa francesa Ondeo quien obtuvo el contrato de operación por $4,000 millones por un término de 10 años.

Sin embargo, tan solo dos años después la compañía y el gobierno optaron por descontinuar el contrato, luego que Ondeo solicitara $93 millones adicionales bajo el argumento de que el sistema era más complejo que antes.

A mediados del 2004 la AAA volvió a manos del gobierno.