Funcionarios populares demandan a la Junta de Control Fiscal
Cuestiona la constitucionalidad del ente fiscalizador y los llama ''siete tiranos''
Funcionarios electos del Partido Popular Democrático (PPD) presentaron un recurso en el Tribunal Federal, distrito de Puerto Rico para retar la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal (JCF).
El documento, que fue encabezado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito’’ Hernández, es una oposición a la moción de desestimación que presentó en el 2018 la Junta de Control Fiscal a la demanda de funcionarios electos del partido popular que fue presentada el 25 de julio del 2018.
Según la demanda, los populares reclaman que la Junta se compone de ''siete tiranos impuestos por el Congreso'' que est;an legislando en menoscabo de los poderes de la rama legislativa y del ejecutivo.
“El Congreso está inexorablemente obligado por los principios de separación de poderes y debe garantizar que los ciudadanos que residen en territorio de Estados Unidos gozan de una forma republicana de gobierno que protege ellos de la tiranía de la autocracia”, lee parte de la demanda, de 12 páginas.
En la demanda se expresa que el efecto de que el Congreso creara la JCF le dio a esa entidad poderes que solo le pertenecen a la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa. El escrito señala que las acciones del Congreso relacionadas a los territorios, como la creación de entidades, están sujetas a los principios de la separación de poderes y deben asegurarse que los ciudadanos estadounidenses en que viven en los territorios disfruten de una forma de gobierno republicano que los proteja de la tiranía de la autocracia.
La demanda señala que, aunque luego de la creación de la JCF el Gobernador de Puerto Rico a nombre de la Rama Ejecutiva sigue presentando un presupuesto y la Rama Legislativa lo analiza y aprueba, la JCF puede de manera unilateral pasar sobre la decisión de ambas ramas y presentar su propio presupuesto.
En un aparte con NotiCel, Hernández aseguró que buscan ''tirar la raya'' entre los poderes de la Junta y del gobierno local.
Las disposiciones que tiene la ley Promesa le permite a la Junta modificar las partidas del presupuesto y habla de cantidades siempre y cuando no cumpla el presupuesto con el Plan Fiscal. Eso es una cosa. Ahora, cuando la Junta Aprobó sus presupuestos, incluyó lenguaje escrito. Aprobó el presupuesto y abajo incluye disposiciones, normas, reglas. O sea, en la práctica, legisló y nosotros estamos planteando que eso es ilegal. Ellos no tienen poder para legislar, en menoscabo de las prerrogativas de la asamblea legislativa y del ejecutivo'', explicó Hernández en conversación telefónica con Noticel.
''Tenemos una Junta que en el macro está operando el gobierno de Puerto Rico, que tiene cuatro presupuestos aprobados y los cuatro están descuadrados'', agregó.
Hernández espera que el reclamo sea visto en los próximos días por el tribunal federal.